Por: Jorge Ancizar Cabrera Reyes.

La Descentralización y el Ordenamiento Territorial, es un tema recurrente en los tiempos de ahora.

La Constitución de 1991 definió a Colombia como un “Estado Social de Derecho, organizado en forma de República Unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general” (Artículo 1º, Principios Fundamentales).

En función de este principio, el artículo 306, estableció: “Dos o más departamentos podrán constituirse en regiones administrativas y de planificación, con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio. Su objeto principal será el desarrollo económico y social del respectivo territorio”.

Estudiosos del tema, han venido sosteniendo que dada la crisis de gobernabilidad que enfrenta la sociedad colombiana, la propuesta de regionalización, tiene un doble reto: por un lado, su construcción con base en la participación de los pobladores de las regiones y, por otro lado, la tarea histórica de dotar al país de un proyecto nacional que retome nuestros anhelos de autodeterminación y soberanía nacional en el concierto de las naciones del mundo.

• Puede leer: Bajo intereses corporativos se hunde reforma a la salud

Si bien la Constitución Política de 1991, no ha sido desarrollada por quienes han recibido ese mandato. Los procesos sociales no se detienen, avanzan, con marco legislativo o sin él. No tienen reversa, porque otras son las dinámicas y leyes que rigen el desarrollo social y las relaciones que los seres humanos establecen en la construcción de comunidad.

Tenemos la obligación ética de promoverlos. Con vehemencia y de manera contundente la Constitución Política de 1991, se reconoció y consagró la imperiosa necesidad de la descentralización y de autonomía a las entidades territoriales, al tiempo que promulgó que la soberanía reside en el pueblo y no en la nación.

En verdad, es más difícil para un ciudadano imaginarse construyendo el futuro de una "nación" que el de un municipio, departamento y región, a los cuales tiene y siente más cerca.  Además, si participa activamente en la construcción de su región, contribuye también de manera efectiva a la construcción de su nación.

• Le puede interesar: El Plan de Ordenamiento Territorial de Ibagué no puede ser un negociado

Simple y llanamente: los gobiernos centrales desde 1991 han venido incumpliendo las órdenes de la Constitución Política de 1991, que buscaban dar autonomía a nuestra provincia y tampoco la provincia ha hecho la tarea y nadie ha logrado llamar la atención al respecto, con suficiente fuerza.

Acerca de la necesidad de contar con recursos propios, esa descentralización tiene que ser íntegra para que no se convierta en una frustración más, como hasta ahora ha ocurrido, en este sentido, con la gran expectativa que generó la actual Constitución Política de 1991. Integra, porque debe ser el medio que nos lleve a lograr autonomía real en los ámbitos fiscal, administrativo y político.  Debemos tener claro que, si falta autonomía en alguno de los tres, la descentralización nunca dejará de cojear.

Por ello es fundamental que se cumpla a cabalidad, que el incremento cualitativo y cuantitativo de las competencias de las regiones debe estar milimétricamente aparejado con el incremento de sus recursos propios, para que así se justifique y se vuelva real el poder político de sus autoridades elegidas popularmente.

Pero no se trata de unos recursos transferidos como una dádiva por parte del gobierno central, si no que se trata de que una parte importante de varios recursos fiscales que actualmente nacen en las regiones se queden en éstas, y no tengan que cumplir el ciclo absurdo de hoy, de ir al centro para luego ser devueltos diezmada e inequitativamente, y en muchas ocasiones con el carácter de limosna, luego de tener que ser solicitados en angustiantes y desgastadores periplos mendicantes.