Opinión

Por: Darío Romero S.

La política, como servicio público basado en una concepción ética y altruista, parece haber perdido terreno. La honestidad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, no son ya convicciones de conciencia. El olvido voluntario de la decencia y la honradez públicas, lleva a la política, inevitablemente, por el camino de los anti-valores que la deshumanizan y degrada.

De esta manera la corrupción ha encontrado terreno fértil para florecer y pareciera ya arropar a toda la sociedad. Enquistada en nuestras instituciones políticas, económicas y sociales, su acción es devastadora. Obstaculiza el desarrollo de unas eficientes relaciones  sociales, socava la confianza ciudadana en sus instituciones y profundiza la desigualdad social.

Enfrentar esta lacra social es una necesidad colectiva inaplazable. Todo el conjunto de mecanismos, marcos legales, espacios e instituciones,  desprendidos de la Constitución del 91, como sustento de la «Democracia Participativa», se han convertido en simples  herramientas retóricas, puesto que no se crean las condiciones necesarias e indispensables para el real protagonismo de la ciudadanía.

Los gobernantes de turno, hacen todos los esfuerzos por presentarse como promotores de la participación ciudadana y adalides de la transparencia. Sin embargo, toda esa recurrente y hasta  fastidiosa invocación de sus pretendidas virtudes, no es más que una propaganda que resulta insuficiente.

Debemos buscar reinventar la gestión pública, ampliando auténticamente las capacidades de acción de la ciudadanía. Transformar en su esencia las relaciones de poder que históricamente han relegado las colectividades a un papel secundario y meramente figurativo en el quehacer público, subordinándola siempre a los apetitos politiqueros dominantes.

Abrir el sector público al escrutinio ciudadano buscando la transparencia en la acción gubernamental y en franca batalla contra la corrupción, presupone comprometer a la comunidad en las distintas facetas de la vida administrativa del municipio. No puede haber transparencia sin la participación real de la ciudadanía. Esta acción social sólo es posible si hay un «diseño institucional» y unos efectivos «mecanismos participativos» que garanticen el protagonismo consciente de los ibaguereños. Las publicitadas y teatralizadas “rendición de cuentas”, que son un derecho ciudadano para controvertir o apoyar políticas públicas o acciones gubernamentales, se montan para sorprender a una comunidad desinformada, que escucha pasivamente, aplaude de vez en cuando, se presume activa y se queda creyendo que esos espectáculos son “la Democracia”, sin comprometerse realmente con la vida administrativa del municipio.

La apatía ciudadana crece,  al igual que la desconfianza, pero sin mecanismos claros de contención, la corrupción continúa avanzando imparable ante la ausencia de los procesos y herramientas de transparencia que oxigenen la democracia existente.

La política dejó de ser un ejercicio de la inteligencia para el «buen vivir» de todos y se convirtió en la posibilidad para que los politiqueros y las mafias de contratistas delincuentes desfalquen las entidades públicas.

Recuperar la desgastada confianza ciudadana no es tarea fácil. Para comenzar, se necesita voluntad política para democratizar la información sobre todas y cada una de las acciones gubernamentales. La información, debe ser herramienta insustituible para involucrar a la comunidad en los asuntos públicos. La «apertura de datos», el facilitarle el acceso a una información completa, veraz, oportuna y suficiente, permitiría que se convirtiera en parte activa en las decisiones públicas, y dejase de ser un simple sujeto inerte, pasivo, ejerciendo el necesario control social y recuperando la perdida credibilidad en las instituciones.