Por: Edgardo Ramírez Polanía
Doctor en Derecho.

Los derechos sociales son aquellos que protegen al individuo en el ejercicio de su libertad, autonomía e igualdad para el acceso a una vida digna. El derecho generalmente se ocupa de establecer reglas para el cumplimiento de esos fines, que se ven amenazados por quienes están encargados de garantizarlos.

Cuando el hombre a través de su razón añade ideas a las cuales incorpora sentimientos, frustraciones prejuicios, conceptos y conocimientos y le asigna a cada cosa un valor, esa acción es la que forma su vida social con sus derechos que no pueden ser conculcados por ninguna autoridad porque están garantizados por el ordenamiento legal.

Hay quienes presumen pertenecer al mundo de los dioses, les falta humildad esa especie de modestia extrema que se engrandece cuando proviene de la convicción de que, en las cuentas de la vida, hasta los talentos propios, por notables que sean valen poco ante la realidad de la existencia.  “La vida que es poca cosa esperando la muerte que es la nada”, decía Voltaire, quien consideraba a los modestos tranquilos consigo mismo y con la sociedad.

Los gobernantes han sido y serán probablemente siempre, presuntuosos y orgullosos, como una característica del ejercicio del poder político y nada permite prever posibilidades de que ejerzan su función dentro de los límites de la razón y las constituciones. Estas últimas, como normas supra legales, establecen unos límites a la función de quienes hacen las leyes y las aplican para evitar abusos de algunos gobernantes en contravenir los derechos sociales.

Los gobernantes son elegidos para el cumplimiento de finalidades establecidas en programas de gobierno, pero sus funciones no son de ilimitado alcance como lo creen ellos mismos y sus colaboradores que hasta consideran que se pueden hacer constituyentes porque un Acuerdo de Paz, establece que se debe llegar a un acuerdo político nacional entre los colombianos como lo dijo un ex canciller o mediante un decreto del gobierno como expresó un ex Fiscal. Es la interpretación trágica a que estamos acostumbrados, más allá del sentido expreso de las normas que tutelan los derechos que quedan en enunciados teóricos y que no se han podido garantizar porque los gobernantes y sus colaboradores creen que pueden hacer todo aquello que se les ocurre y no lo que consagran la ley y los procedimientos, como vender con la política de privatización, las hidroeléctricas, las entidades del Estado y hasta las reservas de oro de la nación por bonos a través del Banco de la República.

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La causa de tales procederes es debido a que no existen partidos fuertes o una oposición de ideas y principios sino de intereses, por la división originada en el ofrecimiento de prebendas que como contraprestación otorgan los mandatarios a quienes representan esas facciones políticas, que requieren de la eficacia de una institución jurídica vigilante que no dependa del ejecutivo y  que evite el desconocimiento de los derechos sociales.

Vivimos actualmente en Colombia una gran crisis de la razón humana, por el odio y la confrontación, que hasta ahora no se ha podido superar por la tozudez de quienes no permiten conciliar los desacuerdos, sino hacer un cambio forzoso de varios sectores de la economía sin recursos, sin combinar bien las necesidad con los verederos intereses sociales, que han generado confrontaciones irreconciliables entre el gobierno y otros sectores políticos, en vez, de fundirse en un acuerdo armónico hacia una verdadera paz social, que nazca del respeto por los derechos de los demás y no la imposición desconociendo la ley, bajo el pretexto de cambiar el país  con los mismos protagonistas y las mismas costumbres políticas.

Parece ser que la política representada por congresistas y funcionarios del gobierno que defienden privilegios y atacan a los más débiles, ejecutan decisiones que no tiene apoyo en la equidad como concepto, ni en las ciencias como el Derecho, que es y debe ser la función del Estado en favor de los ciudadanos y que los funcionarios tienen el deber de respetar, así no sepan algunos obnubilados del efímero poder, que los cargos son contingentes y nuestro yo es permanente mientras vivamos. En sí, dos contingencias con diferentes alternativas.

No se debe gobernar sin método y sin respeto de la ley, al querer desconocer los derechos adquiridos con justo título, como las pensiones de jubilación que fueron gravadas con impuesto del 17% mensual desde $3.600.000 como tributación en la ley de pensiones. Esa prestación tiene la misma categoría de los derechos reales, que como la propiedad son intangibles. En las democracias, solamente en Colombia se observan estas fallas gigantescas cometidas con el criterio aparentemente progresista con la anuencia de algunos congresistas sin el mínimo rigor intelectual, que tratan de imponer y perpetuar estos modelos de reforma política arbitrarios, para congraciarse con los devotos del pragmatismo autoritario.

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Habrá quienes piensan que no existen soluciones a los problemas de fondo, que se reflejan en el incumplimiento de los programas de los gobiernos, la corrupción, la guerra con los grupos alzados en armas, el narcotráfico, la ruina del estado por el despilfarro de los anteriores gobiernos, las medidas económicas equivocadas, el cambio del sistema de salud sin un estudio previo, las pensiones gravadas ilegalmente, la falta de justicia, la inseguridad o la desigualdad.

Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos tienen conciencia de las difíciles situaciones por las que atraviesa el país,  pero que no estamos en la disolución como lo afirman los bodegueros de las redes sociales, sino que aún hay remedio, dando un giro pronto y radical en las relaciones humanas y el gobierno en sus imposiciones, para que cediendo en las pasiones que nos aíslan, demos campo a aquellas que nos puedan unir y consolidar a nuestra sociedad con un verdadero espíritu de justicia para alcanzar la armonía y el progreso nacional.