Por: Edgardo Ramírez Polanía

La huelga y la protesta de los grupos sociales están garantizadas por la Constitución Nacional y son necesarias cuando los poderosos y las entidades gubernamentales le violan a los ciudadanos los derechos fundamentales sin que sean atendidos, pero esa garantía debe ejercerse de manera libre y pacífica  sin afectar los derechos públicos y menos que el jefe del Estado encargado de hacer cumplir las leyes, llame a las gentes a las calles porque el Congreso de la República no le aprueba sus proyectos y reformas.

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La protesta social no puede convertirse en un medio de intimidación contra toda petición o exigencia para el cumplimiento de un derecho no satisfecho por quien tiene el deber de garantizarlo, porque para ello, la ley establece mecanismos legales que no pueden ser desconocidos, así la democracia establezca esa garantía de rechazo ante las deficiencias del Estado en la atención de los problemas de los ciudadanos.

Las gentes protestan esencialmente por la perturbación de su seguridad y la violación de sus derechos fundamentales que vulneran los dueños del poder, que hace a los ciudadanos vacilantes en su acción por la falta de confianza en su trabajo, su protección y movilización, en contraste con la seguridad y decisión de poder realizar sus actos con la libertad conforme a los medios que puedan disponer, pero el egoísmo y los intereses no se lo permiten, los frenan, los desvían de su propósito y de su posibilidad de atender sus necesidades, pero el gobierno nacional no puede invitar a la protesta contra los representantes del pueblo que lo eligió.

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Una protesta pública con el inconveniente bloqueo de vías, la hicieron hace pocos días los pequeños cultivadores de arroz, porque los grandes arroceros que son propietarios de las mayores extensiones de tierra, a su vez dueños de los molinos y prestamistas, los llevaron  a paralizar las principales carreteras  del país, por los abusos económicos, los Tratados de Libre Comercio celebrados en anteriores gobiernos, la disminución de las tarifas del uso de agua  y la negativa del gobierno de pagar  el subsidio solicitado por carga debido a la abundancia generada por el contrabando de arroz procedente de Estados Unidos, Perú y Ecuador que ha llevado a algunos a la ruina económica.

Los arroceros dueños de las extensas tierras cultivables, compraron en el Tolima los distritos de riego que eran del Estado y lo conforman 25.658 hectáreas en El Espinal, Flandes y Chicoral, que la UNAT, Unidad Nacional de Tierras, transfirió a la empresa privada Usocoello, con los canales y las aguas captadas del río Coello y Cucuana para  sus cultivos de arroz. Talaron el monte, la ceiba y el caracolí y las aves huyeron por el ruido de las fumigaciones que han envenenado el aire, el agua, los árboles y el alma de los campesinos durante 50 años. 

Al campesino que tiene su corazón alegre de los rumores del río y del plantío, se le deben respetar sus derechos y no llenarlo de resentimiento hacia la protesta social, porque se le aísla de la sociedad a la que alimenta. Ellos son la fuerza que exalta la potencia creadora del campo, que hace brotar los frutos de la tierra, que llena trojes y marca el ciclo de la continuidad en el agro y en el tiempo.

Debemos procurar que quienes cultivan el campo permanezcan con su esperanza intacta, su optimismo y genialidad permanente para que continúen en la senda de la creación, y como dijo Ribot, “vivan con su mente fija en la pasión de su persistencia”. Porque su vida no es el bloqueo de las carreteras sino el campo, que necesitamos para el desarrollo y dejar de importar 15.4 millones de toneladas de alimentos y bebidas que se registraron en el 2024. 

El gobierno no debe invitar a los ciudadanos a la protesta por sus enfrentamientos con un Congreso que consideran reprochable, porque de presentarse confrontaciones públicas pueden terminar en graves disturbios al desbordarse el conflicto, que no podría contenerlo el mismo gobierno y sería el caos y la disolución de la institucionalidad y hasta el cierre del Congreso.

En 1949  en el Congreso de la República, los liberales heridos emocionalmente por el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en abril de 1948, pretendieron adelantar las elecciones que terminaron con insultos y disparos en el Congreso, en que resultó muerto el Representante liberal Gustavo Jiménez, por balazos por parte del conservador Carlos del Castillo y días después, muerto Jorge Soto del Corral a consecuencia de las heridas recibidas. Fue decretado el Estado de Sitio, la censura de prensa y el cierre del Congreso por el presidente Mariano Ospina Pérez.

Ese clima de violencia política hizo que el candidato presidencial Liberal, Darío Echandía, se retirara de la contienda y resultara elegido el conservador Laureano Gómez, con las consecuencias de violencia iniciadas por los tenebrosos “ pájaros”, que fueron una versión del paramilitarismo y la delincuencia que han llenado de tumbas al país.

No permitamos el enfrentamiento de las gentes en las calles, ni que desaparezca la tranquilidad social, sino fomentemos la solidaridad, el empleo, la educación y la salud, con verdaderas reformas sociales que eviten la desigualdad y le devuelvan a los ciudadanos la alegría de vivir, sin el odio entre la intransigente oposición del Congreso y las amenazas del gobierno de convocar la protesta pública.

Sólo un propósito común de respeto a los justos derechos de los ciudadanos, será posible un verdadero cambio social para la paz que anhelan los colombianos.