Por Guillermo Pérez Flórez

*Abogado-periodista

Emprender transformaciones estructurales que históricamente se han venido postergando, y que impiden avanzar y modernizarse. 

La reforma al sistema de salud, por ejemplo, es una necesidad absoluta. El modelo diseñado hace 30 años ya dio lo que tenía para dar, y se agotó. Creer que es posible seguir como estamos es desconocer la realidad. Hemos perdido dos años y medio en una discusión guiada por la pasión política y el interés económico, mientras la ciudadanía reclama un sistema de salud pública acorde a las enseñanzas de la pandemia, que no fueron pocas.

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Sin embargo, en mayo del año pasado, nueve senadores de la Comisión Séptima (Berenice Bedoya, Honorio Henríquez, José Alfredo Marín, Josué Alirio Barrera, Lorena Ríos, Miguel Ángel Pinto, Nadia Blel, Ana Paola Agudelo y Norma Hurtado), hundieron el proyecto de ley, sin que el senado lo discutiera. 

Algo similar podría pasar con la reforma laboral. Esos mismos senadores (con la excepción de Norma Hurtado), han firmado una ponencia para archivar lo aprobado por la Cámara, e impedir que se discuta en la plenaria. Extraña forma de entender y de asumir la democracia.

Estas dos reformas, junto con la pensional, que podría caerse en la Corte Constitucional, por vicios de trámite, hacen parte de lo prometido por Petro en la campaña presidencial. Son el corazón de su proyecto político. De momento, va ganando el contra reformismo. De allí que el Presidente hable de un bloqueo institucional, e intente apelar a la democracia directa, que está consagrada en la Constitución del 91. 

Colombia tiene pocos antecedentes en este campo. En medio de la polarización entre liberales y conservadores de los años 50 del siglo pasado, el Plebiscito de 1957 se presentó como una salida para poner fin a una violencia demencial. Obtuvo la más alta votación de la historia colombiana, aún no superada. Votó el 81.90% del censo electoral, y de esos votos el 94.82% fueron por el “Sí”. Otro antecedente, es el referendo del presidente Álvaro Uribe en 2003. De las quince preguntas, solo una fue aprobada, la que consagraba la “muerte política” a condenados por corrupción. Las demás fueron declaradas nulas porque la ley exige que al menos el 25% del padrón electoral votase a favor.

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El plebiscito sobre el acuerdo de paz con las Farc, impulsado por el presidente Juan Manuel Santos en 2016 fue derrotado por la oposición. El “Sí” debería contar, al menos, con el 13% del censo electoral (4.396.626 votos), y superar en número de votos al “No”. Y en 2018, la senadora Claudia López, impulsó una “Consulta Popular Anticorrupción”. Ninguna de las 7 preguntas alcanzó el umbral aprobatorio del (33,33%) del Censo electoral.

Existe otro antecedente fallido. El de Andrés Pastrana en el año 2000. Convocó a un referéndum para decidir si se revocaba o no el mandato a los congresistas (que no le aprobaban sus proyectos), pero tuvo que retirarlo, con la cola entre las piernas, cuando los senadores propusieron incluir una pregunta para revocarle a él también. Después se dedicó a darles ‘mermelada’ para que caminaran. Es la vieja y conocida historia de la política colombiana. En Estados Unidos hay una figura para denominar esa cultura transaccional entre el ejecutivo y el legislativo. La llaman Pork barrel o “barril de los puercos”.

A la oposición le convendría echarse para atrás, y debatir la reforma. Que es para lo que se les paga, y muy bien, por cierto. Su proceder es antidemocrático. No están obligados a votar “sí”, por supuesto, pero deben estudiarlo y permitir el debate. Le están dando “papaya” a Petro para que haga lo que realmente le gusta y sabe hacer: campaña política.

Si se concreta la consulta popular, vamos a tener a un presidente echando discursos mañana, tarde y noche. El país se dividirá en “reformistas” y “contrarreformistas”, los ministros saldrán a hacer campaña de la mano de los futuros candidatos al congreso del “Pacto Histórico”. La oposición puede jugar a ganar la consulta no votando, pero el costo del obstruccionismo será grande. Petro, aún perdiendo la consulta, lo cual es muy seguro porque el umbral aprobatorio es muy alto, gana, si llega a alcanzar o a superar su propia votación: 11.281.013 votos. Fortalecerá su narrativa de que no lo dejaron hacer las reformas.

La democracia directa tiene riesgos. El más grande de todos: profundizar la fractura social, y dividir en dos bandos a los colombianos, cuando se requiere unirlos en torno a grandes propósitos. Ya se conoce la primera pregunta que contendría la Consulta. “¿Está de acuerdo con que el día laboral vaya de seis de la mañana a seis de la tarde?” ¿Cómo podremos explicarle al mundo que nos dividamos, de forma irreconciliable casi, por esta obviedad?