Por: Humberto Leyton

"Tanto va el agua al cántaro hasta que por fin se rompe", dice la sentencia popular. Y eso precisamente, les sucedió a los promotores de la llamada 'nueva historia' de la Universidad del Tolima (UT), encabezados por su rector Omar Mejía y su dócil séquito del Consejo Superior. Tanto trasgredieron la ley, los estatutos y la normatividad del Alma Mater, hasta que el Tribunal Administrativo del Tolima les puso el tatequieto.

Los recientes fallos y autos del Contencioso Administrativo, dejan en serio riego todas las determinaciones que tomaron las directivas en un periodo de cerca de tres años atrás, donde apuntalaron, ilegalmente, según las decisiones dadas a conocer por la justicia, todo un andamiaje político-burocrático-administrativo para dirigir y orientar a la universidad dentro de una matriz que dieron en llamar 'Nueva historia', que en el fondo era una entelequia, cargada de sofismas y eufemismos con el fin de hacer creer que verdaderamente se estaba transformando cuando en realidad se retrocedía o se quedaba en el mismo lugar.

Pero este sofisticado ingrediente llamado la 'nueva historia', fue creado con obvios fines políticos de los ganadores de las elecciones regionales de hace tres años, concretamente el grupo conservador de Óscar Barreto, quienes con maniobras y malabarismos de circo, que incluyó hasta huelga de hambre, lograron sacar al anterior rector y establecer una hegemonía azul, cuyo objetivo era instaurar un directorio que les permitiera incrementar la burocracia, más no corregir las fallas y desaciertos administrativos y financieros, de la también cuestionada rectoría de José Herman Muñoz.

Claro y pese a todo, Muñoz, cumplió una positiva labor en el campo académico y de investigación que hoy usufrutuan los de la 'nueva historia', y eso hay que reconocerlo, como también que fue respetuoso de la autonomía universitaria y nunca acudió a leguleyadas para ganar o perpetuarse en su reino como la actual administración.

Precisamente esto, de torcerle el pescuezo a la ley con argucias jurídicas mal elaboradas, es lo que tiene a sus directivas y la institución en el limbo.

La suspensión del Acuerdo No. 033 (septiembre 30 de 2016), emanado del Consejo Superior de la UT, por parte del Tribunal Administrativo del Tolima, así sea una medida cautelar provisional, tumba el andamiaje supuestamente 'jurídico' que cimentó todas las medidas administrativas draconianas tomadas por la actual rectoría supuestamente para trazarle el nuevo rumbo al campus.

El despido de cerca de 40 funcionarios, entre ellos: Jefes de Programas, Secretarios Académicos y profesionales administrativos de la universidad, para luego nombrar un número superior al despedido,  sin las calidades y requisitos que exigían los cargos, forman parte de las facultades otorgadas a través de este Acuerdo al rector para disponer y mandar en su reino.

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Este es el golpe más demoledor que ha sufrido la administración de Mejía, además de la propia nulidad de su elección, que dejan a la UT al garete, sin brújula y con puerto incierto donde atracar. La 'nueva historia' de la UT está a la deriva. Está en bancarrota.

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La situación que vive el principal centro de enseñanza superior del Tolima, es la repetición de la misma historia desde hace años. Es una reedición que con frecuencia presenciamos, donde, siendo justos, no es solo responsabilidad de la actual administración sino de todas: liberales, conservadores, de centro, izquierdas, verdes y zapotes. Todas las tendencias políticas, en menor y mayor grado, están comprometidas históricamente con la crisis de la UT. No se salva nadie. Lo que sucede, es que la actual administración, maltratando y birlando la ley la sacó del estadio.

Y esto sin tener en cuenta las enredadas cifras que suministran cada que tienen que mostrar los 'avances' de recuperación financiera de la universidad, que al parecer, según sus críticos y especialistas en asuntos contables, obedecen más a retoques y maquillajes de rubros y números que a un saneamiento real de cuentas.     

Y ahora acuden para justificar sus errores a resucitar sarcófagos que también han tenido responsabilidad en lo que ha sucedido y sucede en la UT, buscando voces de apoyo a lo indefensable a través un medio digital financiado por las directivas de la universidad y el gobierno departamental, donde tratan hasta de politizar las decisiones de la justicia administrativa cuando no le son favorables. Para nadie es un secreto que existen exrectores, exdecanos, exdirectivos y hasta exdocentes, que a través de interpuestos integrantes del Consejo Superior y directivos, ejercen influencia aun, en las decisiones de la universidad para beneficio personal. Esta ha sido una práctica que se ha mantenido en las diferentes administraciones. Son los camaleones de siempre.

El rector que se respeta, admira y recuerda y que escapa a esta hecatombe de la UT, es Rafael Parga Cortés, el único que le entregó y no le quitó al más importante centro de enseñanza superior del Tolima, el resto, que entre el diablo y escoja.