Por Felipe Ferro 
*Presidente de la Asamblea Departamental del Tolima

En Tolima, la paz no vuela en los mismos drones que llevan terror. Esta semana, las disidencias de las Farc han vuelto a atacar, esta vez contra una base militar en Planadas y una estación de policía en Anzoátegui, dejando claro que el cese al fuego del gobierno de Petro no es más que un pacto de impunidad. 

Estos bandidos no solo cuentan con libertad para actuar, sino que nuestras fuerzas armadas tienen las manos atadas, víctimas de una política que desarma a los héroes mientras fortalece a los criminales.

El ataque en Anzoátegui es el tercero en dos meses, y cada vez parece más claro que Petro ha convertido a Tolima en un santuario para estos narcoterroristas. Mientras nuestras fuerzas públicas luchan con valentía, los drones de los disidentes sobrevuelan con sevicia, llevando muerte y destrucción.

 El cese al fuego no es más que un permiso implícito para que continúen sus atrocidades, una tregua que beneficia únicamente a quienes siembran el caos. Nuestra Gobernadora, Adriana Magali Matiz, ha pedido insistentemente apoyo tecnológico para nuestras fuerzas armadas, pero su clamor ha caído en oídos sordos en el gobierno nacional.

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 Mientras tanto, en municipios como Ataco, los comerciantes son extorsionados a través de WhatsApp por los mismos bandidos que dicen estar en cese al fuego. La situación es tan crítica que muchos negocios han tenido que cerrar sus puertas, incapaces de hacer frente a los cobros extorsivos que, incluso, han hecho que productos de alto consumo como la cerveza suban de precio.

La gobernadora ha demostrado firmeza y valentía en su enfrentamiento con los narcoterroristas, pero ¿qué puede hacer sola cuando el gobierno de Petro sigue abrazando una política de rendición disfrazada de paz? Ha implementado estrategias como el plan de recompensas de hasta 100 millones de pesos para la captura de cabecillas como alias "Libardo Gonzales", pero mientras exista el cese al fuego, estos criminales seguirán refugiándose en nuestro territorio, extorsionando, reclutando menores y amenazando a la población civil.

El Tolima no puede seguir siendo un bastión de impunidad. La situación es tan delicada que afecta también a departamentos vecinos como el Cauca y el Valle, donde el cese al fuego no aplica, pero donde los mismos actores delinquen y se vienen a refugiar al Tolima. ¿Qué tiene que pasar para que el gobierno Petro mire hacia Tolima? ¿Cuántos atentados más? ¿Cuántas vidas más de nuestros héroes deben ser sacrificadas?

Mientras Petro siga cediendo terreno a estos bandidos, Tolima será un paraíso de terroristas. No podemos permitir que nuestra tierra sea escenario de más sangre y violencia. El gobierno debe abandonar esta política de claudicación y poner fin a este cese al fuego. Porque si no, lo único que nos espera es más ataques, más víctimas y más impunidad.