Según el último registro del DANE, en Colombia existen 115 pueblos nativos y 1´905.617 indígenas. Esta población creció un 36% en comparación a 2005 y representa el 4.4% de la totalidad de los habitantes del país, acorde a los datos de la misma entidad. Valga decir que las comunidades denunciaron su “exterminio estadístico” por parte de dicho censo por fallas en el mecanismo de conteo.

En Colombia, diferentes hechos dan cuenta de la grave problemática que impacta a estas comunidades, que se han visto afectadas por homicidios, violaciones, desplazamiento forzoso, estigmatización, entre otros.

Esta semana fueron asesinados por la Fuerza Pública el periodista indígena Abelardo Liz y el comunero Johel Rivera, en medio de un desalojo en Corinto. A su vez, Francisco Cortés, líder Awa sufrió un atentado; mientras que en la frontera Nariño - Cauca, los niños Cristián Caicedo y Maicol Ibarra, fueron abaleados por paramilitares.

• Puede leer: ¿Por qué somos pobres?

Lo anterior, sin olvidar que semanas atrás mataron al gobernador indígena Mauricio Pérez en Arauca, para un total de 175 líderes indígenas víctimas de homicidio en 2020. De otro lado, hace poco el país se estremeció con la violación de una niña Embera en Risaralda por uniformados del Ejército.

La crisis que enfrentan también se evidencia en las grandes ciudades, donde hace un mes 350 Embera Katio permanecen en el Parque Tercer Milenio, en improvisados cambuches.

El enfoque diferencial ha estado ausente en los decretos presidenciales para hacer frente al coronavirus, pues ninguna de las normatividades ha sido construida con las comunidades. Así lo denunció la presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) Martha Peralta Epieyu, organización que les ha entregado 115 kits de bioseguridad, además de ayudas humanitarias en todo el país. 

• Puede leer: “Los nadie, que valen menos que la bala que los mata”

Mientras que ya son 244 los indígenas fallecidos por COVID -19 y 7.093 los contagiados; no han recibido atención según su diversidad étnica, consagrada en los artículos 7 y 8 de la Constitución. 

En ocasiones, ni siquiera se les permite despedir a sus seres queridos acorde a sus tradiciones; como fue el caso de Norka Iguarán, perteneciente a la etnia Wayúu, cuyos familiares fueron forzados a aceptar la cremación de su cuerpo, luego de su fallecimiento por el virus. 

Así las cosas urge que Nación, departamentos y municipios hagan frente al exterminio físico y cultural de nuestros pueblos, invisibles durante años ante una sociedad indolente que se acostumbró a contar los muertos por millares.