La denuncia somera que realizará recientemente el secretario de Gobierno Hugo Ernesto Zárrate, de la existencia de un cartel de desplazados en Ibagué, nos recordó la presencia de otro, el de los 'amenazados'.

Aunque parezcan diferentes y antagónicos, tienen cosas comunes como acudir al engaño y la trampa para sacar beneficios personales tumbando al Estado que paga los millonarios gastos de unos y otros, pero en definitiva, los contribuyentes que somos todos, cancelamos los impuestos para que estos vividores tengan las comodidades que muchos de los horados ciudadanos no pueden tener. Estas mafias no solo son de Ibagué, sino de todo el país.

Otra característica de 'trabajo' que los identifica son los guiones que elaboran para justificar sus fechorías. Sean de izquierda, derecha o centro, tienen motivos similares para demandar la atención de las autoridades en la protección que se les debe garantizar por considerarse personas vulnerables, a las que se les debe suministrar alimentos, vivienda, medicinas y útiles de aseo, en el caso de los desplazados, o medidas de seguridad en el de los amenazados, como vehículos blindado y mínimo dos escoltas.

Estos casos de víctimas y amenazados (reales o ficticios), son atendidos a nivel nacional por la Unidad de Víctimas del ministerio del Interior y en los departamentos y municipios por las respectivas dependencias creadas para ello. En Ibagué, por ejemplo, que es nuestro caso, se llama la Unidad de Orientación y Atención al Desplazado (UAO), suena hasta rimbombante el nombre, que según datos de la Personería Municipal, registra 80 mil desplazados por diversos motivos, de los cuales más de la mitad se calculan son falsos. Ellos reciben de entrada un mercado que oscila entre 200 y 800 mil pesos, dependiendo del caso y del número del entorno familiar, además de implementos de aseo, kit de cocina, aportes para arriendo temporal, más las gabelas para adquirir vivienda, facilidades de estudio e inclusive de empleo. Beneficios que duran por tiempo indeterminado.

Pero además de esto, existe la red de hoteles donde supuestamente se alojan y alimentan aquellas 'víctimas' que presentan casos especiales y se les debe de atender de inmediato la emergencia. Los propietarios o administradores de estos establecimientos se ponen de acuerdo con los supuestos desplazados para que estos firmen la simulada asistencia recibida, previa cancelación de una mordida, y los hospedajes le pasan las cuentas al gobierno como si hubieran verdaderamente cumplido con la orden de servicios, cuando los beneficiarios nunca ocupan las habitaciones ni mucho menos se alimentaron.   

Estos desplazados reales y camuflados, alegan fundamentalmente amenazas provenientes de grupos armados al margen de la ley (guerrilla, paramilitares y bacrim) especialmente. Pero a raíz de los a acuerdos de paz entre el gobierno y las Farc, han quedado en evidencia, que algunos de los supuestos amenazados provienen de zonas o veredas tranquilas donde no existen ninguno de estos actores.

Estas personas prácticamente actúan bajo un libreto escrito por quienes están detrás de ellos, que son los que en definitiva se quedan el producto de lo que le sacan al Estado y por ende a todos los contribuyentes, después de entregarle unas migajas que no superan los 100 mil pesos, a quienes utilizan de actores como 'amenazados' para robar al tesoro público. En la actual vigencia de 2017, la secretaria de Bienestar Social, a cargo de Claudia Cerón, dispone de un presupuesto de 445 millones de pesos para atender estos casos.

Ya la Fiscalía investiga a varias personas, y ahora para concederles estos beneficios, tienen que declarar bajo la gravedad y juramento y en presencia de un delegado del ente de investigación, lo que ha reducido considerablemente el número de avivatos.  

Ahora pasamos al caso de los fingidos amenazados. En este grupo se encuentran personas que fungen como dirigentes políticos de izquierda, centro y derecha, periodistas, dirigentes sindicales y sociales, entre otros. Ellos buscan estatutos social, despertar admiración y tener un buen carro de marca, blindado y con vidrios polarizados y dos escoltas gratis a su servicio, donde no pagan ni gasolina ni peajes. Todo a costa del erario que sale del bolsillo de los impuestos que paga todo el mundo. Los millonarios costos de estos lujos los cancela el ministerio del Interior a través de la Unidad de Protección a víctimas del conflicto armado.

Aclaramos que muchos de ellos por obvias razones necesitan esta protección y se hace indispensable para garantizarle su vida. No criticamos a estas personas, por el contrario, las justificamos. Sin embargo, en este programa hay colados de todos los pelambres, que con tráfico de influencias de congresistas y altos funcionarios del gobierno lograr pertenecer a este cartel por años.

Recordemos un caso. Alveiro Tique Girón, un exconcejal de Ibagué, que representó a los indígenas en el Polo Democrático y terminó condenado por los delitos de extorsión, concusión y falsedad ideológica, por pedirle a los integrantes del esquema de seguridad plata para firmales sus cuentas, pero además certificados de viajes, viáticos, dominicales y festivos que nunca habían trabajado. Hoy Tique se encuentra prófugo de la justicia.

Y pensar que en la capital del Tolima, y posiblemente en otros municipios, hay personas con esquemas de seguridad que han inventado y planificado historias de atentados y amenazas, cuando en realidad no representan ningún riesgo ni peligro para las dulces, tiernas y adoradas mascotas de su casa.