"Recibir más de 11 descargas eléctricas, una golpiza y suplicar 17 veces antes de morir, ni una  muerte natural, ni un mal procedimiento; es un asesinato", dice en su twitter la congresista Ángela María Robledo. 

Este mensaje resume el dolor, el repudio y el rechazo que siente la mayoría de colombianos frente a los hechos de abuso, exceso de fuerza policial, que además contiene tortura y cobardía, donde la víctima fue el ciudadano Javier Ordoñez, de 43 años y padre de dos hijos, quien murió en un violento procedimiento policial en Bogotá. 

Infortunadamente, no es el primer caso que se presenta, son mucho en el país y la ciudadanía se siente cansada, hastiada por estos procedimientos por fuera de los protocolos policiales y de la ley, donde las víctimas son inermes e indefensas personas que sufren los atropellos de unos uniformados desadaptados que necesitan de tratamiento psiquiátrico antes de entrar a esa institución, como de controles permanentes dentro de ella. 

Tampoco se justifica, de ninguna forma, respuestas casi burlescas, como las que dio el director de la Policía Bogotá, al señalar "que los dos agentes responsables de esta situación habían sido retirados del servicio operativo y se encontraban en el administrativo en  las oficinas de la Policía". 

No señor oficial, esto fue un homicidio, premeditado y con alevosía, que lo vio todo el mundo en los videos que se grabaron en los momentos de la brutal agresión, donde la víctima pedía clemencia y que no fue escuchada por los bárbaros que cometieron el crimen. 

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Estas son pruebas palmarias e irrefutables de un horrendo asesinato que no se necesita de más pruebas. Los responsables deben de estar en la cárcel esperando el juicio y una ejemplar condena. 

Los sucesos de anoche en Bogotá y otros lugares del país,  que registran 7 muertos y más de 130 heridos, hasta el momento, por los desordenes que se registraron, es un ingrediente más que se agrega a esta delicada situación de orden público, donde la policía aparece como protagonista y sindicada, en algunos casos, de disparar contra los protestantes. 

Pero todo pareciera que esta crítica situación se suma un acumulado de descontento y malestar social  que existe en todos los rincones de la nación, especialmente en sectores medianamente ricos y acomodados, clase media y trabajadores, sobre los cuales está recayendo el impacto económico de los costos de la pandemia.

El decreto 1174, que según los abogados especialistas y dirigentes sindicales, se constituye en una reforma laboral camuflada donde prácticamente abre las puertas para desparecer conquistas sociales que a través de los años de lucha han conquistado los trabajadores y sectores populares, como los contratos de trabajo a término fijo e indefinidos, las pensiones, cesantías y, en general, las prestaciones sociales que hoy gozan los empleados y trabajadores. 

En resumen, la política neoliberal de extrema derecha que ha impulsado la administración Uribe-Duque, donde hasta la libertades  democráticas e individuales están en riego, ha creado un ambiente de zozobra social que está exacerbando la paciencia de diversos sectores sociales que no aguantan más que el peso de la epidemia y la crisis económica recaiga sobre ellos solamente. 

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Para apaciguar las aguas, se requieren reformas estructurales y urgentes profundas en la policía, especialmente en materia de respeto a los derechos humanos, en trato y relación con la comunidad y en transparencia en su actuar. 

Igualmente, que el gobierno trabaje para todos los sectores no solo para las multinacionales y más ricos como lo ha hechos hasta el momento. Y que respete la libertades individuales y los derechos humanos.  

Así no se justifique el vandalismo ni los actos violentos como los de la noche anterior, lo cierto es que hay sectores sociales que están cansados y no aguantan más.

 Lo sucedido es una campanada de alerta donde ni el coronavirus trancará las movilizaciones que se avecinan.   
La fragua está ardiendo y la olla a presión puede estallar en cualquier momento.