El representante a la Cámara electo por el Tolima, Renzo García, aseguró que los congresistas Sara Castellanos y Carol Borda, de Salvación Nacional, y Daniel Briceño, del Centro Democrático, enviaron una carta al presidente electo, Abelardo de la Espriella, solicitando revocar las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA).

Según García, esta iniciativa pondría en riesgo la economía campesina y la soberanía alimentaria al priorizar un modelo extractivista y la actividad minera. Actualmente, las APPA protegen 197.718 hectáreas en el país, destinadas a la producción agrícola.

"Que hoy pues quieren acabar esa economía campesina, rural, afectar la soberanía alimentaria para que Colombia se destine a ser un país extractivista, se siga imponiendo la minería por todos lados como lo promueven muchos de los abelardistas, barretistas, hurtadistas", señaló.

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El congresista electo afirmó, además, que desde el Congreso ejercerán oposición al nuevo gobierno y denunciarán lo que consideran posibles irregularidades en sus actuaciones: "vamos a hacer la oposición, vamos a desnudar por completo todas las irregularidades, las infamias y la mezquindad".

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a movilizarse y organizarse para defender las áreas protegidas y el derecho a un ambiente sano. Durante su pronunciamiento calificó al gobierno entrante como un "tecnofascismo".

Las zonas APPA en el Tolima

En el Tolima se han declarado oficialmente ocho Áreas de Protección para la Producción de Alimentos : Líbano (13.039 hectáreas), Falan (11.703), Fresno (6.776), Palocabildo (5.206), Murillo (4.488), Villahermosa (3.892), Casabianca (2.271) y Herveo (1.117).

Cabe recordar que la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, alineada políticamente con el presidente electo, Abelardo de la Espriella, se ha opuesto de manera reiterada a las declaratorias de las APPA realizadas por el Ministerio de Agricultura durante el gobierno de Gustavo Petro.

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La mandataria ha calificado esta medida como un "raponazo a la autonomía" de los municipios, al considerar que las APPA inciden en la planificación territorial, pues deben ser incorporadas obligatoriamente en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT).

Asimismo, ha solicitado formalmente la suspensión de las resoluciones que las crean, argumentando presuntas fallas técnicas, entre ellas un catastro desactualizado y la falta de un proceso de concertación previo y efectivo con los habitantes y productores de las zonas involucradas.

El futuro de las APPA se perfila como uno de los primeros puntos de confrontación entre el gobierno entrante y los sectores sociales que defienden esta figura de ordenamiento territorial. Mientras sus promotores sostienen que son fundamentales para garantizar la seguridad alimentaria y proteger el suelo agrícola, sus detractores consideran que limitan la autonomía de los municipios y afectan el desarrollo de proyectos productivos y de inversión.