La veeduría ‘Total 824’ aparte de denunciar presuntas irregularidades que se estarían presentando en los procesos licitatorios para adjudicar obras millonarias en el Instituto Ibaguereño de Acueducto y Alcantarillado, Ibal, advierte del peligro que podría correr la empresa si la ponen al servicio de la campaña política que se avecina por la Alcaldía de Ibagué.

No sería la primera vez que esto ocurriría, pues el Ibal siempre ha sido el ‘trompo de poner’ en las campañas electorales. Para esas épocas en esta empresa se dispara la contratación de personal y se convierte en fuente de importantes recursos que sirven para financiar determinadas campañas.

Por el momento hay dos hechos que llaman la atención de lo denunciado por la veeduría ‘Total 824’ en los últimos días. En primer lugar, referente a la invitación publica pública No 001 de 2023 que tiene que ver con el cierre de una licitación de más de 26.000 millones de pesos. La denuncia indica que a menos de 24 horas del cierre de la licitación “se modificaron sustancialmente los requisitos exigidos en los términos de referencia iniciales, en cuanto a los profesionales y su habilitación en el proceso”.

Dice la veeduría que esa modificación “evitó que muchos interesados pudiesen participar y que de manera descarada modifica muy presumiblemente para el beneficio de un posible interesado; tal y como quedó demostrado en el proceso 195 de 2022 y que las autoridades ya están investigando y que en este proceso muy probablemente sucederá lo mismo”.

Se advierte en la denuncia que el hecho de “modificar las condiciones sustanciales de un proceso de este tamaño e importancia para la ciudad, a menos de 24 horas de su cierre, lo que denota es la urgencia de adjudicarle probablemente al interesado previo”.

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Modificación extraña

Enfatiza la veeduría que “Al modificar las condiciones sustanciales del personal que requiere el proyecto, lo único que están haciendo desde el IBAL es evitarle al interesado que debe estar presumiblemente ya seleccionado; que no presente las hojas de vida de los profesionales que se requieren para la construcción del proyecto, y con ello evitarle la revisión ciudadana de los documentos que aportarían en la invitación No 001 de 20213; es decir, si en la invitación No 195 de 2022, se presentaron toda serie de irregularidades con esos documentos y evidenciaron el delito cometido, lo mas fácil para la actual gerente y el comité evaluador  fue alivianar lo de las hojas de vida, y solamente con una certificación juramentada decir que cumple con los profesionales”

Llamado a los entes de control

Finalmente dice la veeduría ‘Total 824’ que ante “este comportamiento recurrente de la Gerente y los funcionarios del IBAL encargados de este proceso, que no actúan bajo los principios de la transparencia, tal y como quedó evidenciado en el proceso anterior para la misma obra”, solicitan a la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, Contraloría Municipal de Ibagué y  Personería Municipal de Ibagué que intervengan de manera preventiva, “pues después de mañana a las 10:00 de la mañana estaría presumiblemente cometida la irregularidad y estarían en juego $ 26.000 millones de pesos del erario, direccionada a un solo posible oferente”.

Le solicitan a la gerente Erika Palma “no continuar con un proceso abiertamente contrario a la transparencia y con serios visos de sesgos y parcialidades para adjudicarle a un solo posible oferente, y que en aras de la objetividad, transparencia y pluralidad amplíen el cronograma para permitir la participación; pues el argumento manido de que el proyecto es urgente para darle agua a las comunidades de las comunas 12 y 13 no es cierto; pues lo que se sabe en la ciudad es que el señor Alcalde y la Señora Gerente tienen es afán de ADJUDICAR y CONTRATAR, pues los especialistas y expertos en el tema saben de sobra, como lo sabe la Gerente y el Alcalde que son Ingenieros Civiles; es que dicha obra requiere un tiempo de ejecución no menor de 18 meses; buscan es adjudicar quien sabe bajo que criterios y posibles intereses”.

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Modificación Manual de Contratación

Para rematar, esta veeduría y otras que le siguen de cerca el rastro al Ibal, como la empresa que los ibaguereños deben cuidar y mantener al margen de la politiquería y el clientelismo, ponen en evidencia un hecho que prueba que el alcalde Andrés Hurtado es el amo y señor en esta empresa.

Denuncian que en noviembre de 2022 la Junta Directiva de la empresa mediante Acuerdo 001 modificó el Manual de Contratación del IBAL, lo que significa que se pasó de 200 a 280 salarios mínimos el tope de la contratación. Es decir, se trata de unas facultades especiales que se le conceden a la Gerente y de paso al Alcalde, de quien dice es el que dispone qué se hace y qué no se hace en la empresa.

 Esa modificación en la contratación permite contratar a dedo hasta por 324 millones de pesos. Y es el año electoral, donde el Alcalde tiene interés en dejar sucesora. ¿Y los entes de control?