Por Martha Alfonso Jurado - Representante a la Cámara por el Tolima

La salud mental ha sido la cenicienta del sistema de salud colombiano. Es una de las áreas con menor desarrollo en la prestación de servicios y una de las más grandes necesidades del pueblo colombiano hoy en día como una expresión de años de desigualdad, pobreza, violencia y más aún, después de la pandemia por Covid-19.

El Tolima viene siendo afectado por complejos indicadores en esta materia desde hace varios años, y particularmente en los últimos 5 años ha venido en aumento el suicidio consumado, posicionándose como el sexto departamento de Colombia con mayor índice de afectación por esta causa, aproximadamente 100 suicidios por año en promedio.

Municipios como Ibagué, Cajamarca, Rovira, El Espinal, Guamo, Líbano, Mariquita, Ataco y Planadas repuntan con varios casos al año en la materia, fenómeno en el que fallecen principalmente hombres, mientras que la ideación suicida afecta con mayores porcentajes a las mujeres.

También el consumo de psicoactivos, tanto de alcohol como de alucinógenos y otras sustancias que alteran la conciencia, generan fuertes consecuencias entre la población adolescente y joven del Tolima sin que tengamos capacidad de respuesta en materia de servicios, rutas de atención y clínicas de reposo y desintoxicación que permitan tratamiento terapéutico y atención integral en salud mental. 

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Dado lo anterior, mi preocupación como legisladora y representante a la Cámara de los tolimenses me ha hecho redoblar esfuerzos frente a todos los proyectos que en esta materia se tramitan en el Congreso de la República. En ese orden, nació el Proyecto de Ley 013 de 2023, que busca elevar la salud mental a mayor estatus dentro del sistema sanitario en Colombia, involucrando en las rutas integrales de atención a las organizaciones de la sociedad civil que durante años han venido supliendo el déficit de servicios del sistema.

El proyecto propone diversas herramientas de capacitación, prevención y atención integral de la enfermedad en todos los ámbitos de la vida cotidiana (familiar, escolar, laboral y comunitario) y el fortalecimiento de la atención primaria en salud mental desde enfoques de derechos, género y biopsicosocial, es decir, que además de las afectaciones en el individuo, se atiendan y se entiendan los determinantes sociales (contexto en el que se produce la enfermedad mental).

Afortunadamente, el pasado miércoles 13 de marzo el proyecto surtió debate exitosamente en la Comisión Séptima de Cámara, donde fuimos ponentes e hicimos más de 21 proposiciones para mejorar el articulado en beneficio de los y las pacientes de salud mental, de las organizaciones sociales y gestores comunitarios en salud mental y por supuesto, fortaleciendo responsabilidades y corresponsabilidades del Estado colombiano en la materia.

También propusimos que se adopte en el articulado, el Sistema Nacional de Prevención y Atención Integral a Consumidores de Drogas Ilícitas contenido en el Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno Nacional y las extintas FARC – EP y del cual no se ha implementado ni una línea, pese a la gran necesidad del mismo, en un país corroído por el narcotráfico y el microtráfico.

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Seguiremos trabajando con la fuerza del Tolima para que a nuestro territorio lleguen políticas, programas y presupuestos que contribuyan a hacer frente a esta grave problemática que afecta nuestra población, especialmente a la más joven, lo que representa una responsabilidad ética y estratégica que debemos asumir todos y todas quienes ejercemos funciones públicas y podemos incidir en el futuro de nuestro departamento.