Carolina Torres Hernández*

La noche del primero de noviembre de 2026, un atentado con explosivos sacudió el casco urbano de Planadas. El saldo preliminar fue de cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de apenas dos meses, al menos 18 heridas, 177 viviendas afectadas y graves daños en el hospital municipal. A este hecho se suman las intimidaciones contra el alcalde en agosto pasado, los ataques a la Fuerza Pública y las disputas entre estructuras armadas por el control de una geografía históricamente estratégica para las economías ilegales.

La Defensoría del Pueblo ya había advertido, mediante la Alerta Temprana 016 de 2022, sobre los riesgos de confrontación entre estructuras disidentes en Planadas, Ataco, Chaparral y Rioblanco. Las advertencias estaban hechas, pero seguimos llegando tarde.

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Hay que decirlo con claridad: la seguridad no se construye después de un atentado. No puede reducirse a desplegar campañas militares, anunciar refuerzos y recuperar temporalmente la iniciativa mientras se contienen las ofensivas armadas. La Fuerza Pública debe mantener una presencia permanente y estratégica en el territorio, no aparecer únicamente cuando la violencia obliga a reaccionar.

Colombia debe reconocer que una política de seguridad basada fundamentalmente en la respuesta militar ha fracasado en su propósito de garantizar una paz duradera. Esto no significa renunciar a la acción legítima del Estado, sino comprender que la militarización, por sí sola, no desmantela las estructuras económicas y sociales que reproducen la violencia. La minería ilegal, el narcotráfico y la extorsión requieren investigación judicial, persecución de sus finanzas y alternativas económicas para las comunidades.

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Han pasado diez años desde la firma del Acuerdo de Paz y las deudas con la ruralidad siguen siendo enormes. Los municipios PDET continúan enfrentando rezagos en infraestructura, proyectos productivos y transformación territorial. Por eso, insistir en la salida negociada del conflicto no significa entregar el territorio ni renunciar a la autoridad del Estado. Significa entender que la confrontación armada no puede ser nuestro único horizonte. Necesitamos mantener el control territorial, proteger a la población y recuperar la voluntad política para construir soluciones dialogadas.

No podemos permitir que el sur del Tolima quede atrapado entre dos ausencias: la de un Estado que no ha logrado garantizar plenamente los derechos de sus comunidades y la de una paz que todavía no materializa sus promesas de transformación.