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Legisladores de Estados Unidos exigen liberar al activista Beto Coral

Legisladores de Estados Unidos exigen liberar al activista Beto Coral

Beto Coral fue detenido el pasado martes 16 de junio por agentes de inmigración de Estados Unidos en Phoenix, Arizona

Un grupo de 11 congresistas estadounidenses, liderado por el representante demócrata Jim McGovern, solicitó la liberación del activista colombiano Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral. La petición formal fue enviada a través de una carta dirigida al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, luego de que el ciudadano fuera detenido el pasado 16 de junio por la autoridad migratoria.

Los firmantes de la comunicación oficial señalaron que el arresto se vincula con un memorando emitido por el secretario Rubio el mismo día de la detención. En dicho documento gubernamental se señalaba que Coral Garrido utilizaba su estancia en el país para respaldar las políticas del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Ante esto, los parlamentarios argumentaron que la medida sanciona las expresiones del activista, lo cual vulnera la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

A través de una publicación realizada por McGovern en la red social X, los legisladores expusieron que la detención responde a motivos de origen político y obedece a la solicitud de un actor político colombiano, configurando un caso de represión transnacional. Asimismo, sostuvieron que Coral Garrido cuenta con el derecho legal para residir y ejercer actividades laborales en territorio estadounidense debido a su condición de solicitante de asilo.

La misiva denunció que el ciudadano colombiano ha sido trasladado por centros de reclusión ubicados en los estados de Arizona, Texas y Misisipi, lugares donde se reportaron restricciones en el acceso a agua potable y alimentación. Por tales motivos, el grupo de congresistas requirió a las agencias federales frenar cualquier procedimiento de deportación hacia Colombia, sustentando la petición en los informes del propio Departamento de Estado que registran denuncias por vulneraciones a los derechos humanos en dicha nación.

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