El activista colombiano Franklin Humberto Coral Garrido, conocido en redes sociales como Beto Coral, fue detenido por autoridades migratorias de Estados Unidos y enfrenta un proceso de deportación luego de que el secretario de Estado, Marco Rubio, emitiera un memorándum en el que lo considera una persona cuya permanencia en el país afecta los intereses de la política exterior estadounidense.

Coral, de 40 años y oriundo de Medellín, fue arrestado el pasado martes en Phoenix, Arizona, donde reside desde 2015 tras ingresar con una visa de turista. Según el documento divulgado por medios estadounidenses, Rubio argumentó que el colombiano ha utilizado su permanencia en Estados Unidos para apoyar políticamente al gobierno del presidente Gustavo Petro y para realizar campañas contra el candidato presidencial colombiano Abelardo De la Espriella, respaldado por sectores cercanos al presidente Donald Trump.

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En el memorándum, Rubio sostuvo que permitir la permanencia de Coral en territorio estadounidense “socava los intereses de la política exterior de Estados Unidos en los procesos democráticos de Colombia” y envía un mensaje equivocado sobre el uso de plataformas estadounidenses para actividades políticas dirigidas a actores extranjeros.

El Departamento de Seguridad Nacional señaló que Coral ingresó legalmente al país en diciembre de 2015 con una visa B1/B2 que le permitía permanecer seis meses, pero que continuó residiendo allí durante casi diez años más. La entidad confirmó que seguirá bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras avanza el proceso de expulsión.

No obstante, su expareja, Tatiana Camacho, aseguró que Coral tenía una solicitud de asilo en trámite y contaba con un permiso de trabajo vigente otorgado por un juez federal. Según relató, durante el procedimiento los agentes le notificaron una comunicación firmada por Rubio que anulaba ese permiso y autorizaba su detención.

Camacho también expresó preocupación por los constantes traslados que ha tenido Coral desde su captura. Inicialmente fue llevado a El Paso, Texas, y posteriormente trasladado a un centro de detención en Luisiana. La audiencia de su caso está programada para el próximo 30 de junio.

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La decisión generó críticas de organizaciones y expertos en temas migratorios. Kerry Doyle, exabogada del ICE durante la administración de Joe Biden, afirmó que la medida representa un intento de limitar la libertad de expresión de los inmigrantes. Por su parte, Gimena Sánchez, directora para los Andes de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), calificó la actuación del gobierno estadounidense como una escalada preocupante contra quienes expresan posiciones políticas contrarias a aliados de Washington.

El presidente Gustavo Petro también reaccionó al caso y pidió públicamente la intervención de Donald Trump, asegurando que Coral es víctima de una persecución política por sus opiniones y actividades de activismo.

Mientras tanto, el senador republicano Bernie Moreno defendió la decisión y sostuvo que una persona que solicita asilo no puede actuar políticamente en favor del gobierno del que dice buscar protección.

La situación de Coral ocurre en medio de la recta final de la campaña presidencial en Colombia y ha abierto un debate sobre los límites entre la política exterior estadounidense, los procesos migratorios y la libertad de expresión de los extranjeros residentes en ese país.