El Acuerdo de Paz firmado con las Farc en 2016 volvió al centro de la discusión política, esta vez por las declaraciones del embajador de Colombia ante Naciones Unidas, Mauricio Gaona, y la respuesta del expresidente Juan Manuel Santos, quien cuestionó duramente la postura del diplomático.

En entrevista con Julio Sánchez Cristo, en Caracol Radio, Santos calificó a Gaona de estar “confundido” y “mal informado”. Además, consideró que sus afirmaciones ante el Consejo de Seguridad de la ONU evidenciaron falta de experiencia diplomática.

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“Él fue al Consejo de Seguridad a decir que el acuerdo de paz no es un modelo para el mundo, a la entidad que durante los últimos 10 años ha apoyado el acuerdo y su implementación”, señaló Santos, quien agregó: “Nuestro embajador hizo el ridículo”.

El exmandatario defendió el pacto de La Habana y sostuvo que sus mecanismos de justicia transicional, búsqueda de desaparecidos y reconocimiento de las víctimas lo convirtieron en una experiencia relevante para otros países. También rechazó que los problemas de seguridad actuales sean consecuencia del acuerdo y atribuyó el deterioro en varias regiones a la falta de cumplimiento de lo pactado.

El debate por los recursos y la implementación

La controversia coincide con las decisiones del Gobierno de Abelardo de la Espriella frente al proceso de paz. Una de ellas fue solicitar que la Misión de Verificación de Naciones Unidas dejara de hacer seguimiento a la Reforma Rural Integral, primer punto del acuerdo de 2016.

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El debate también tiene un componente presupuestal. Según un análisis de la Defensoría del Pueblo, basado en cifras del Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, el proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno contempla $12,94 billones para las entidades creadas con el Acuerdo de Paz, frente a los $20,56 billones asignados para 2026. Esto representa una reducción del 37%. Para la implementación de lo pactado en La Habana, específicamente, la disminución sería del 43,9%, al pasar de $10,78 billones a $6,05 billones. Se trata de cifras del proyecto presupuestal, no de una reducción que deba presentarse como ya ejecutada.

Desde el Gobierno, la postura frente al acuerdo se ha sustentado en cuestionamientos sobre sus resultados en materia de seguridad, la persistencia de homicidios, secuestros y extorsiones, y lo que considera falta de garantías de justicia para las víctimas. En su intervención ante la ONU, Gaona sostuvo que el proceso no ha producido una paz “final, estable ni duradera” y afirmó que “el verdadero sacrificio en cualquier proceso de paz lo hacen las víctimas, no los victimarios”.

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Santos, por su parte, pidió a la administración actual no convertir la seguridad y la paz en objetivos opuestos. Invitó al Gobierno a continuar la implementación, especialmente en los territorios más golpeados por el conflicto, y a retomar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

¿Qué decidió Naciones Unidas?

El Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad extender hasta el 31 de octubre de 2027 la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. Sin embargo, el nuevo mandato dejó por fuera el seguimiento específico a la Reforma Rural Integral, a solicitud del Gobierno colombiano. La misión continuará verificando aspectos como la reincorporación de los antiguos integrantes de las Farc y las garantías de seguridad para los firmantes.

La discusión deja dos posiciones enfrentadas: mientras el Gobierno cuestiona los resultados del acuerdo y plantea concentrar la verificación internacional en otros aspectos, Santos insiste en que buena parte de los problemas actuales responden precisamente a los compromisos que, según él, siguen pendientes de implementación.