Hasta ahora, que yo tenga noticia, no hay ni un proceso y solo hay tres funcionarios al frente. Es decir, se construyó la decisión política de procesar guerrilleros, militares, paramilitares y salvar los dueños de la violencia y los dueños del dinero. Una reforma a la justicia no debería tener como objetivo el cómo se maneja el poder dentro del poder Judicial, señaló el presidente.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le confirmó al presidente Gustavo Petro Urrego que, en estos años, se han trasladado 17.000 procesos de terceros a la jurisdicción ordinaria que son investigados por la Fiscalía General de la Nación, pero el mandatario cuestionó: “¿Qué pasa con quienes auspiciaron la violencia? En este momento los 17.000 casos están en la impunidad”.

La advertencia la hizo en el XXVI Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria en Bucaramanga, donde recordó que los medios de comunicación han informado sobre cómo los miembros de las Fuerzas Militares, de Policía y guerrilleros han confesado y algunos han sido condenados por la justicia transicional, pero de los auspiciadores de la violencia no se observan resultados.

“Hasta ahora, que yo tenga noticia, no hay ni un proceso y solo hay tres funcionarios al frente. Es decir, se construyó la decisión política de procesar guerrilleros, de procesar militares, de procesar paramilitares, y salvar los dueños de la violencia y los dueños del dinero. Una sociedad así no puede hacer la paz, una sociedad así no se puede reconciliar”, dijo.

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Recordó que una sentencia de la Corte Constitucional​​ estableció que “los terceros no son juzgables por la justicia transicional”, y consideró que “algo parecido podría surgir hoy en un nuevo debate jurídico alrededor de con quién se habla y con quién no se habla. No son juzgables, entonces son juzgables por la ordinaria y, por tanto, investigables por la Fiscalía”.

Ahondar en la verdad

Este es un tema que se debe dialogar, manifestó, porque “la justicia ordinaria tiene que tener los instrumentos para garantizar que esto, que tiene que ver con la violencia contemporánea en Colombia y 200.000 muertos más o menos, tenga justicia, es decir, tenga verdad judicial”.

El Presidente Alertó sobre el momento que se evidencia en la justicia, porque podría ser utilizada por la sociedad como un instrumento de ​​venganza o como un instrumento de reconciliación.

 “Lo que propongo es ahondar esta verdad a fondo para que la justicia pueda ser utilizada como un instrumento de reconciliación, es decir, para que podamos hacer la paz grande, no simplemente acuerdos de paz con quienes portan uniformes y armas, la paz de verdad, el acuerdo nacional”, anotó.

Un poder judicial del lado de la ciudadanía

El Jefe de Estado enfatizó que “este gobierno quiere fortalecer ese aparato judicial, precisamente, para que la sociedad colombiana sea justa”.

Recordó que, como Senador de la República, participó en el trámite de reformas a la justicia que tenían el propósito de cómo el Ejecutivo ganaba espacios de poder en la conducción, selección de las cúp​ulas de la justicia.

“Me parece que una reforma a la justicia no debería tener como objetivo el cómo se maneja el poder dentro del poder Judicial”, aseguró al explicar que el propósito de este gobierno es buscar “cómo el poder Judicial se puede volver más fuerte para acercarse a la ciudadanía; cómo podemos tener un poder Judicial al lado de la ciudadanía colombiana”.

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Recordó que, cuando denunció la parapolítica, encontró que el paramilitarismo cooptó a la fuerza pública, a la clase política e, incluso, a la Fiscalía.

“Esa época de cooptación de la cúpula de la Fiscalía por el paramilitarismo, hoy confesa, debería ser la base de una reflexión alrededor de esta instancia, porque si la Fiscalía es el principal cuerpo investigador, prácticamente, el único del Estado, el crimen organizado, poderoso en sí mismo buscará su cooptación de manera permanente”.

En su propuesta de reforma planteó que se debe buscar la forma de separar el aparato estatal en general y el aparato investigador del Estado en particular, y evitar cualquier posibilidad de cooptación del crimen a estas instancias.

Otro elemento de la reforma planteado por el presidente fue el de las penas y manifestó que durante su época de congresista “no recuerdo un proyecto de ley de reforma cualquiera al Código Penal que no tenga que ver con aumentar penas”.

“En el conjunto de los delitos la práctica legislativa ha sido aumentar las penas, casi que llegando a la cadena perpetua”, comentó al señalar que lo que se tiene que buscar es la apertura de las posibilidades de la negociación en todos los terrenos del delito para que pueda haber justicia y no impunidad.

“Y de esta manera, desmontar 20 años de una especie de populismo punitivo, le llaman en la prensa, que es mentiroso, que trae votos, sí, que trae aplausos populares, sí, incluso como insurgente yo fui testigo de eso”.