La investigadora del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, Omaira Méndez Lozada, se habría beneficiado con millonarios contratos que la empresa de su familia celebró con la Unidad de Salud de Ibagué (USI). Así lo denunció el candidato a la Alcaldía de Ibagué, Marco Emilio Hincapié. 

De acuerdo con la denuncia, la empresa SARA LTDA. tiene como representantes legales a Jorge Oswaldo Castaño, esposo de la investigadora, y a su hijo Jorge Alejandro Castañeda. Pues bien, la empresa de seguridad y vigilancia celebró contratos por más de $1.600 millones con la USI, entre los años 2021 y 2023.

Para el candidato Hincapié, la investigadora Méndez Lozada, adscrita al grupo anticorrupción de la Fiscalía, pudo incurrir por lo menos en un conflicto de intereses, al no declararse impedida para adelantar procesos en contra del alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado; por ejemplo, en el sonado escándalo de los 'piques ilegales' del Aeropuerto Perales. 

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"¿Por qué la funcionaria siguió vinculada en estos casos contra el alcalde Andrés Hurtado, cuando su esposo y su hijo se ganaban contratos con la USI? Esas son las respuestas que queremos", puntualizó Hincapié. 

Llama la atención que en la mayoría de las licitaciones públicas, la empresa SARA fue el único oferente que se presentó. Por tanto, podría haber un posible direccionamiento o favorecimiento para la empresa. 

Hincapié también insinuó que las investigaciones en contra de Hurtado se han visto truncadas en la Fiscalía, posiblemente por culpa la investigadora que tiene vínculos con la administración del mandatario. 

"Hemos visto cómo le precluyen el proceso al alcalde, desaparecen las pruebas, el primo de su esposa fue condenado y después absuelto. Son muchas las dudas que generan estos contratos. Ahora la Fiscalía debe entregarle respuestas a la ciudadanía", sentenció el candidato del Pacto Histórico. 

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De hecho, en la línea de tiempo presentada por el candidato, se ve cómo poco tiempo después que la empresa se ganaba a contratos con la USI, algo sucedía para beneficio judicial del mandatario. 

Por ejemplo, en febrero del 2022 la empresa se ganó un contrato por $310 millones para prestar servicios de seguridad en la USI. Una semana después, el Juzgado Segundo Penal del Circuito avaló la preclusión del delito de peculado por uso en contra de Hurtado, en el caso de los 'piques ilegales', en el cual el rol de la Fiscalía y del juez fue tan cuestionado. 

Sin embargo, todavía resta por confirmarse si la investigadora Méndez tuvo a su cargo algún proceso concreto en contra del alcalde Hurtado.