En un dolor de cabeza se ha convertido para la administración de la alcaldesa Johana Aranda el contrato con el cual el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación (Imdri) le cedió a un particular la administración de los parqueaderos en el Parque Deportivo y la Unidad Deportiva de la calle 42.

El polémico contrato que le cedió los parqueaderos por 11 años a un privado generó indignación entre la comunidad deportiva de la ciudad, debido a la nueva carga económica que traería para los entrenadores, padres de familia y deportistas.

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La indignación que despertó el contrato entre la comunidad llevó a la alcaldesa Aranda a considerar su liquidación. Tras una reunión sostenida en la noche del miércoles 16 de julio con algunos concejales de la bancada de gobierno, Aranda informó su intención de liquidar el contrato.

"Dejamos clara nuestra posición: si mañana no se logra una concertación con los responsables de este proceso de licitación para garantizar el no cobro a deportistas y entrenadores, tomaremos la decisión de dar por terminado este proceso. Hemos sido enfáticos: si no hay concertación, no habrá contrato", remarcó la mandataria.

Según la alcaldesa, el contratista deberá mostrarse dispuesto a otorgar descuentos o incluso exonerar del cobro de los parqueaderos a padres de familia y entrenadores. De lo contrario, amenazó con liquidar el contrato. 

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Así, se caería el contrato con el que la Administración municipal pretendía obtener el 20 % del recaudo de los parqueaderos; es decir, alrededor de $180 millones mensuales. De acuerdo con el gerente del Imdri, Felipe La Rota, los recursos son necesarios para asegurar el mantenimiento de los escenarios deportivos.

No obstante, algunos concejales de oposición como Jorge Bolívar y Andrés Zambrano rechazaron el contrato por considerar que la administración de Aranda incurrió en posibles prácticas de corrupción.

"No quiero pensar que estamos frente a un presunto caso de corrupción, pero mirando en el SECOP hay un contrato con la Unión Temporal Parking A&S, acuerdo firmado el pasado 30 de mayo y con acta de inicio el 4 de junio de 2025, donde hay una concesión a 11 años; es decir, le van a entregar los bienes del municipio, en este caso los parqueaderos, a un privado", detalló Bolívar.

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Por su parte, el concejal Zambrano advirtió que el contrato de concesión tuvo que ser aprobado antes por el Concejo de Ibagué, como lo determina el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012.

"Podría configurarse en un contrato presuntamente amañado, pero podríamos estar enfrentándonos a un posible proceso de corrupción al interior de esta administración. Ante eso no podemos ser indiferentes, ni se están garantizando los principios de transparencia y publicidad", detalló Zambrano.

A su vez, el concejal alertó sobre un posible direccionamiento en el proceso para escoger al oferente encargado de administrar los parqueaderos. "Lo que analizamos dentro de los requisitos es que son tan específicos que solo los podía cumplir un oferente", remarcó.

Al parecer, el gobierno de Aranda subestimó los efectos que podría causar dicho contrato entre la comunidad deportiva y algunos sectores políticos, y ahora todo apunta a que tendría que reversar su iniciativa de cobrar por el uso de los parqueaderos en los escenarios deportivos.