En los rincones más remotos, la influencia de los violentos se hace palpable. Pelean ferozmente por el control territorial y las riquezas generadas por el narcotráfico, la extorsión, el secuestro y la minería ilegal. En su camino, amenazan y atacan a candidatos según sus intereses, pisoteando derechos políticos y socavando nuestra democracia.

Imagínese a un candidato con chaleco antibalas, haciendo campaña bajo el fuego cruzado, luchando por su mensaje en un país sumido en una crisis de orden público que amenaza con descarrilar las elecciones del próximo 29 de octubre. La activa participación ciudadana se encuentra al borde del abismo, y es responsabilidad de las autoridades proteger la vida de los líderes y prevenir cualquier acto delictivo que ponga en peligro el proceso electoral.

Sin ese respaldo institucional, los candidatos luchan por moverse en medio de la violencia, y los votantes se sienten acorralados. En algunos municipios del Tolima, más precisamente en el sur de nuestro departamento, la presencia de disidencias de grupos armados, que hostigan y amenazan  hace que candidatos y ciudadanos teman por sus vidas, limitando el ejercicio de democrático.

La Defensoría del Pueblo ha encendido las alarmas. Según su informe, 399 municipios en el país están en riesgo extremo y alto de experimentar violencia durante las elecciones regionales del 29 de octubre. Este sombrío pronóstico se desprende de la Alerta Temprana 030 de 2023, que traza un mapa de riesgo y señala a los agentes de violencia.

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Los datos son escalofriantes: 286 municipios en riesgo alto, 184 en riesgo medio y 93 en riesgo bajo. Sumando los de riesgo extremo, son 676 municipios en alerta para las elecciones de 2023. Esto representa un aumento del 39% en comparación con las elecciones regionales de octubre de 2019, es decir, 274 municipios más en peligro.

El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ha detectado la presencia, el tránsito y la influencia de grupos armados ilegales como una amenaza constante para las comunidades y el proceso electoral. Entre los más preocupantes se encuentran las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC - Clan del Golfo), la guerrilla del ELN, las disidencias de las FARC y los grupos del crimen organizado. Todos ellos han aumentado su presencia en un 56% en las regiones del país y han diversificado sus fuentes de financiamiento ilegal.

La pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo es posible que, a pesar de décadas de conflicto y esfuerzos por alcanzar la paz, estemos regresando a este oscuro pasado? La respuesta radica en una complacencia gubernamental que ha permitido la proliferación de grupos armados y el debilitamiento de las instituciones.

El presidente Petro, bajo su bandera de "paz total", ha dejado un espacio peligroso para que los violentos operen impunemente. Su falta de acción efectiva para garantizar la seguridad en las elecciones es preocupante y pone en riesgo la estabilidad democrática del país.

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No podemos permitir que la democracia sea socavada por la violencia. Las autoridades deben tomar medidas inmediatas para proteger a los candidatos y garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin temor. No podemos permitir que la sombra del pasado oscurezca nuestro futuro. La democracia merece una oportunidad, y es responsabilidad de todos asegurar que florezca sin miedo ni violencia.

Las elecciones del 29 de octubre son una prueba crucial para nuestro país. Es hora de demostrar que la democracia puede prevalecer sobre la violencia y la amenaza. Debemos recordar que el pasado oscuro no debe repetirse, y que la luz de la democracia debe brillar más intensamente que nunca. El futuro de Colombia está en juego, y depende de nosotros protegerlo y preservarlo para las generaciones venideras.