La Corporación Autónoma Regional del Tolima presentó un informe técnico ante el Senado de la República para detallar los impactos negativos generados por la extracción ilícita de minerales en diferentes zonas del sur del departamento. Las evaluaciones realizadas por la entidad ambiental identificaron daños significativos sobre los cauces de los ríos Saldaña y Atá, así como en la quebrada Pole ubicada en el municipio de Ataco.

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El documento técnico detalla que las actividades de explotación minera sin autorización gubernamental han afectado una superficie superior a las 490 hectáreas en estas zonas específicas. Estas afectaciones sobre los ecosistemas acuáticos y terrestres generan alteraciones graves en la estabilidad de los terrenos y comprometen el equilibrio ambiental de la región.

Durante su exposición ante la Comisión Quinta, la dirección de la entidad explicó que los costos proyectados para la recuperación de los cauces fluviales y la restauración de los terrenos impactados ascienden a cifras superiores a los $270.000 millones. Este presupuesto global incluye la formulación e implementación de los planes de ordenamiento para las cuencas hidrográficas de la zona.

Para lograr la ejecución de estas obras de recuperación ambiental, la corporación planteó la necesidad de establecer un esquema de trabajo articulado con el Gobierno nacional, la Gobernación del Tolima, el Departamento Nacional de Planeación y las administraciones municipales. La estrategia busca sumar recursos financieros provenientes de diferentes fondos estatales y de regalías para atender los pasivos ecológicos.

En materia de control y vigilancia territorial, la autoridad ambiental reportó la realización de decenas de operativos coordinados con la Fuerza Pública que permitieron intervenir minas ilegales y destruir maquinaria empleada en estas actividades en municipios como Ataco, Coyaima y Chaparral. Asimismo, la institución adelanta cientos de procesos sancionatorios en gran parte de los municipios de la jurisdicción.

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El balance presentado advierte que las consecuencias de la actividad extractiva ilícita incluyen la contaminación por combustibles, el incremento en la turbidez del agua y riesgos directos para numerosas especies de peces, macroinvertebrados y microorganismos vegetales. La entidad anunció que continuará con sobrevuelos y actualizaciones técnicas para verificar el estado actual de las coberturas naturales afectadas.

¨Con información suministrada por la oficina de prensa de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA).