La primera mandataria de los tolimenses, Adriana Matiz, solicitó formalmente al Congreso de la República el día de ayer, martes 10 de noviembre, la aprobación de un marco normativo distinto al actual para regular la actividad minera en el país. La gobernadora señaló en tono enfático que las reglas vigentes han resultado ineficaces para detener la degradación ambiental provocada por la extracción ilegal en municipios como Ataco. Por esta razón, enfatizó ante los legisladores la urgencia de establecer parámetros legales estrictos que respondan a la realidad del territorio departamental.

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Durante su intervención ante los integrantes de la Comisión Quinta del Senado de la República, cuestionó los pronunciamientos de sectores políticos sobre la problemática ecológica actual. En su declaración, la funcionaria manifestó categóricamente que la naturaleza no necesita padrinos políticos de última hora y reprochó el silencio de diversos actores durante los últimos años. Asimismo, sostuvo que la defensa del medio ambiente requiere acciones concretas e institucionales en lugar de discursos mediáticos.

En la exposición de los puntos clave para la reforma legal, la máxima autoridad departamental diferenció la extracción de subsistencia de la explotación mecanizada a gran escala ejecutada por estructuras al margen de la ley. La dirigente insistió en que el Estado debe cerrar los vacíos legales aprovechados por las organizaciones alucinógenas y criminales para operar en las zonas rurales del sur tolimense. De igual forma, recalcó que la minería artesanal requiere protección legal sin ser confundida con actividades ilícitas.

Frente al auditorio legislativo y funcionarios del Gobierno nacional, Matiz argumentó que la minería ilícita se combate mediante labores continuas de inteligencia y presencia permanente de las fuerzas de seguridad. Según explicó la mandataria, el control institucional y la toma de decisiones oportunas por parte del poder judicial constituyen herramientas indispensables para frenar la expansión del fenómeno minero. En consecuencia, rechazó que la problemática sea abordada únicamente con medidas superficiales o temporales.

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En lo referente al orden público, la mandataria vinculó de forma directa la proliferación de la minería ilegal con el deterioro de la seguridad en las zonas rurales del departamento. Sostuvo que advirtió oportunamente al gobierno del presidente Gustavo Petro sobre la vulnerabilidad institucional en los municipios del sur del Tolima y la pérdida del control territorial, señalando que la administración nacional no atendió a tiempo los factores de riesgo advertidos desde marzo de 2024 para proteger a los pobladores de esta zona.

Adriana Magali Matiz detalló el accionar delictivo de grupos armados como los frentes Ismael Ruiz, Gerónimo Galeano y Joaquín González en las economías ilícitas locales. De acuerdo con la gobernadora, estas agrupaciones imponen reuniones, carnetizaciones obligatorias y extorsiones continuas a los pobladores para financiar sus operaciones y fortalecer su presencia armada en la zona. Dichas presiones han derivado en un clima de zozobra e intimidación constante para las comunidades campesinas.

En la presentación de cifras financieras ante los senadores, se expuso que las unidades de producción minera ilegal obtienen importantes volúmenes mensuales de oro en zonas estratégicas del sur. Las investigaciones citadas señalan que las estructuras disidentes captan entre el 10 % y el 15% de los ingresos generados por la actividad extractiva ilícita. Estos millonarios recursos económicos alimentan el aparato logístico y bélico de los grupos al margen de la ley en el departamento.

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Finalmente, la funcionaria recordó los atentados terroristas perpetrados en el municipio de Planadas contra las instalaciones militares y la población civil circundante. El ataque con artefactos explosivos dejó víctimas mortales, decenas de lesionados e importantes daños materiales en la infraestructura de salud del municipio. Ante este panorama, la gobernadora insistió en la necesidad imperiosa de restituir las fuerzas militares de respuesta rápida para garantizar la tranquilidad de los habitantes del sur tolimense.