Este 28 de enero de 2026, en horas de la mañana, las calles frente al Palacio de Justicia en Ibagué se convirtieron en el escenario de un plantón ciudadano y sindical. La jornada, convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Tolima y diversos sectores sociales, tuvo como eje principal la defensa del salario mínimo vital decretado por el Gobierno Nacional. Jonathan Varón, dirigente de la CUT, subrayó que este aumento no es un capricho, sino un derecho constitucional que mejora el poder adquisitivo de los trabajadores y dinamiza la economía local, enfrentando las demandas jurídicas que buscan anular dicho beneficio.

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A la par de la defensa salarial, la indignación por el alto costo del transporte público en la capital musical fue protagonista. Jonathan Ortiz, geólogo y veedor ciudadano, calificó como "desproporcionado" el incremento del 13,8% en el pasaje de transporte público, una cifra que supera los ajustes realizados en ciudades como Bogotá o Medellín. Según el veedor, la administración municipal justifica este golpe al bolsillo basándose en el aumento del salario mínimo, lo cual considera injusto dado que el servicio actual carece de calidad y presenta nulos avances en inclusión para personas con discapacidad.

El candidato a la Cámara de Representantes, Renzo García, también se sumó a la movilización, cuestionando la falta de rigor técnico en los estudios que permitieron el alza de la tarifa. García denunció que los argumentos de la Alcaldía incluyen datos alejados de la realidad, como reparaciones de motor anuales o cálculos de llantas inexistentes en el sistema actual. Para el líder político, es inadmisible imponer esta carga económica en una ciudad que enfrenta altos índices de pobreza y desempleo, por lo que exigió la suspensión inmediata del decreto que aumentó el valor del transporte.

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La protesta finalizó con un llamado enérgico a la alcaldesa Johana Aranda para que reabra el diálogo con los sectores populares y revoque las medidas que afectan a los más vulnerables. Los voceros coincidieron en que seguirán en las calles de manera pacífica pero firme, vigilando que los derechos laborales se respeten y que el servicio público responda a las necesidades reales de los ibaguereños, y no a intereses particulares.