Hacia el mediodía de este martes, el Magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, José Joaquín Urbano, dará a conocer su decisión sobre si le impone o no medida de detención al gobernador del Tolima, Oscar Barreto Quiroga y al ex gobernador Fernando Osorio Cuenca, esto luego de que por segunda vez se aplazara el pasado viernes la audiencia en contra de ambos procesados, después de haber sido imputados por tres delitos.

La reanudación de la audiencia para conocer finalmente la decisión del magistrado sobre la solicitud la Fiscalía de que se imponga medida de aseguramiento con detención intramural en contra del gobernador Óscar Barreto Quiroga y el ex gobernador Fernando Osorio Cuenca por caso del Convenio Andrés Bello, estaba inicialmente fijada para las 9:00 de la mañana de hoy martes; sin embargo, la diligencia fue cambiada para las 12:00 del mediodía, en la sala nueve del Tribunal Superior de Bogotá.

Es de recordar que la Fiscalía los acusa por las irregularidades en la celebración del convenio interinstitucional de cooperación de asistencia técnica internacional entre la Gobernación del Tolima y la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello, (Secab), que se hizo para buscar cooperación y asistencia técnica internacional para la adquisición de mobiliario escolar, para dotar a instituciones educativas del Tolima.

Las irregularidades también se presentaron en el trámite, celebración y liquidación del convenio adicional de 11 de junio de 2007, que fue de 1.020 millones de pesos, suscrito entre las mismas partes de los que el departamento aportó 900 millones de pesos y la Secab 120 millones de pesos –también representados en bienes y servicios.

Según la Fiscalía, Fernando Osorio Cuenca, en su condición de gobernador del Tolima tramitó este convenio sin la observancia de los requisitos legales necesarios, porque no hubo una fase de planeación y el contratista fue el que generó la necesidad de dicha contratación. Estos convenios entrarían a beneficiar a los colegios de Chaparral, Prado, Purificación y Saldaña, entre otros.

Igualmente la Fiscalía argumentó que no hubo estudios de mercado y que el único oferente, quien fue el contratista, fijo de manera unilateral el precio de la oferta de servicios. Los hechos ocurrieron entre el 1 de enero de 2008 y 31 de diciembre de 2011, cuando Barreto Quiroga se desempeñaba por primera vez como gobernador del Tolima. Durante la audiencia del pasado viernes, la Procuraduría pidió que se le otorgue detención domiciliaria al exgobernador de Tolima y que se dicte una medida de detención intramural al actual mandatario departamental.