El lema de la alcaldía de Ataco 2016-2019 que estuvo presidida por Jader Armel Ochoa Mappe, era ‘Ataco vale la pena’.

 Todo parece indicar, de acuerdo con el resultado de la auditoría realizada por la Contraloría Departamental del Tolima a la contratación de la vigencia 2019, así como el examen a la gestión adelantada por esa Alcaldía, pareciera que el eslogan en mención solo tuvo feliz aplicación por los beneficiados con jugosos contratos que a diestra y siniestra repartió la administración del alcalde Ochoa.

Cifra monumental

Según la Contraloría, en la vigencia 2019 se celebraron 633 contratos por un valor que supera los 15 mil millones de pesos. De esos 633 contratos, el ente de control del Tolima, extractó una muestra de 30 contratos, cuyos objetos están relacionados con prestación de servicios, suministros y construcción de obras por un valor superior a 6 mil 500 millones de pesos.

Auditoría con tropiezos

La Contraloría afirma que, en este trabajo de auditoría, los investigadores se encontraron con reiteradas demoras en el suministro de la información, lo mismo que inconsistencias y errores de transcripción que con frecuencia hallaron en los cuadros con la relación de los contratos celebrados en cada vigencia.

 Esto obligó a la Contraloría a solicitar en repetidas oportunidades la revisión y ajuste de esa información. Tan grave fue esta situación, que según la Contraloría los archivos PDF con la información de los contratos se presentaron en varios casos de forma incompleta, con ausencia de documentos que no permitieron establecer con certeza en qué estado se encontraban los contratos a la fecha de la auditoría.

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Sin principios de eficiencia

La Contraloría Departamental del Tolima como resultado de la auditoría adelantada conceptúa que la gestión en el proceso de contratación auditado, no cumple con los principios de eficiencia, economía y eficacia.

Este pronunciamiento, de acuerdo con la Contraloría, se sustenta en los hallazgos formulados, donde se presentan de manera puntual las irregularidades e inconsistencias en que se incurrió en la ejecución de los contratos.

Hallazgos administrativos

Como resultado de esa auditoría para la vigencia fiscal 2019, se establecieron 39 hallazgos administrativos, de los cuales 12 tienen presunto alcance fiscal por un monto de dos mil ciento cincuenta y cinco millones ochocientos noventa y tres mil pesos ($2’155.893.00O); 35 con presunto carácter disciplinario y siete con presunta incidencia penal.

Número de contratos y el valor en el periodo 2016-2019

2016, 156 contratos por valor de 4 mil 500 millones de pesos

2017, 383 contratos por valor de 5 mil 801 millones de pesos

2018, 362 contratos por valor de 5 mil 639 millones de pesos

2019, 633 contratos por 15 mil 71 millones de pesos

Contratación exorbitante

En 2019 la contratación alcanzó un crecimiento exorbitante y escandaloso. Fue del 167.27 por ciento, que para un municipio como Ataco es una cifra insospechada.

Abuso de la contratación directa

Según la Contraloría Departamental, el municipio abuso de la contratación directa. En esta figura el ente de control encontró que la tendencia del municipio de celebrar contratos a través de modalidades distintas a la licitación, se refleja en la concentración de la contratación en algunos contratistas.

Contratistas con suerte

Dentro de este ítem, la Contraloría en el seguimiento efectuado resalta el caso del contratista Leandro Fernando Mahecha Vanegas a quien en el cuatrienio se le adjudicaron 32 contratos por un valor total de 637 millones de pesos, de los cuales 19 se le otorgaron durante la vigencia 2019.

También resalta la Contraloría el caso del contratista Benjamín Orlando Arana Osuna que, aunque la adjudicación se efectuó mediante licitación pública, llama la atención que concentró en términos de valor contratos por la suma de 9 mil 618 millones de pesos, en tres negocios jurídicos.

Proponentes repetidamente beneficiados

Pero como si esto no fuera poco, la Contraloría encuentra que la concentración de la contratación no solo se presenta en la construcción de obras, pues también es común en las demás actividades adelantadas por el municipio, donde se aprecia que existen proponentes repetidamente beneficiados con la adjudicación de contratos, como es el caso de FUNDASTOL quien durante el periodo de gobierno suscribió un total de 57 contratos con los más diversos objetos, amparada en la interminable lista de su objeto social, lo que le permitió percibir la suma de mil 355 millones de pesos.

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La fundación que sabe de todo y hace de todo

Con respecto a esta fundación FUNDASTOL, para la Contraloría le llama poderosamente la atención que haya sido elegida por el municipio para ejecutar contratos en tan disímiles áreas y con tan variados objetos.

“Teóricamente sus capacidades le permitieron actuar en la realización de eventos culturales y teatrales, muestras gastronómicas y presentación de grupos musicales, pero también en el diseño de un programa de bienestar social para los empleados, en el diseño del mecanismo de vigilancia y control de delitos, en la organización de las elecciones al Congreso de la República, en la formulación e implementación del modelo integrado de planeación y gestión, así como prestar asesoría profesional en el área administrativa y financiera, en la formulación del plan ambiental municipal, plan anticorrupción, plan de atención del ciudadano, política antitrámites, mapa de riesgos e indicadores, entre muchos otros”.

La Contraloría Departamental frente a este escandaloso hecho, dice que “para la auditoría esta práctica de beneficiar de manera exclusiva a un solo contratista para la prestación de servicios en tan diversas áreas de la entidad, genera un manto de duda sobre la idoneidad del proponente, como también sobre la calidad de los productos entregados, además de la incertidumbre respecto del cumplimiento del principio de selección objetiva, elemento esencial para la transparencia de la contratación”.

Despilfarro en fiesticas

Determina también la auditoría que, en el examen del objeto de la contratación durante el cuatrienio evaluado, revela prioridades desde el enfoque del volumen de recursos destinados, que no se compadecen con las realidades sociales de la población.

Mientras para la atención del adulto mayor solo se destinaron 373 millones de pesos y para el programa de alimentación escolar 588 millones de pesos, los recursos ejecutados en la celebración de festividades, festivales, integraciones culturales y similares ascendieron a 615 millones de pesos.

Dilapidando los recursos de la educación

Congeladores en el congelador

De acuerdo a la auditoría, dentro de ese listado extenso de presuntas anomalías, se encuentra que la alcaldía adquiere 10 congeladores con destino a las instituciones educativas. Estos elementos fueron adquiridos en el mes de octubre de 2019 y a abril de 2020, fecha de la realización de la auditoría, solo se había realizado la entrega de cuatro congeladores, el resto seguía en la bodega del almacén de la Alcaldía, en condiciones de seguridad y ambientales que no garantizan su conservación.

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Textos escolares sin prestar utilidad

En contrato de 60 millones de pesos, la Alcaldía adquirió 769 textos escolares especializados para potencializar la cultura del emprendimiento en las instituciones educativas del municipio.  Pese a que la alcaldía informó que el municipio ya inició el programa educativo de fomento a la cultura del emprendimiento, para el momento de la inspección de la auditoría, se estableció que los 769 textos escolares aún se encontraban en las bodegas del almacén, empacados en cajas destapadas, rodeados de otros elementos y en condiciones ambientalmente inadecuadas.

Cartillas

Pero adicional a eso también reposan en el almacén del municipio 816 cartillas. Los primeros textos completaron un año y nueve meses embodegados y las cartillas 8 meses, sin que, a falta de una simple y elemental decisión administrativa, se procediera a efectuar su distribución entre las instituciones educativas del municipio.

Todas las normas de contratación, violadas

A manera de conclusión, la Contraloría Departamental que dirige Diego Andrés García Murillo dice que se violaron todos los pliegos de condiciones a la hora de contratar de acuerdo a la normatividad a partir de modelos como Colombia Compra Eficiente.

Hubo deficiencias en la supervisión, pues se limitó a dar una opinión escueta sobre el cumplimiento del objeto, sin soportes en información, documentos, fotografías.

Se presentaron compras de elementos sin la elaboración de un diagnóstico previo que permita identificar las necesidades reales, lo que finalmente conduce a que estos materiales permanezcan por largos periodos de tiempo almacenados en las bodegas del municipio, sin cumplir el fin para el cual fueron adquiridos, tal como sucede con el material pedagógico con destino a la dotación de los establecimientos educativos. Y para rematar, un sistema de control interno con profundas falencias.