En la mente de los habitantes de Ibagué, la saturación de vallas publicitarias con mensajes políticos ha alcanzado un nivel insostenible. Mientras esperan ansiosamente el día en que su ciudad recupere su tranquilidad visual, surgen preocupaciones legítimas sobre la cantidad de propaganda política que se ha apoderado de los espacios públicos.

El Consejo Nacional Electoral estableció límites claros en cuanto al uso de vallas publicitarias para las campañas políticas en ciudades capitales intermedias, permitiendo un máximo de 14 por partido o movimiento político. La Resolución 0331 del 12 de enero de 2023 detalla los números máximos de cuñas radiales, anuncios en publicaciones escritas y vallas publicitarias que los partidos, movimientos políticos, movimientos sociales y grupos ciudadanos pueden utilizar en las elecciones de octubre de ese año.

La Ley 130 de 1994, en su artículo 29, otorga a los alcaldes y registrador municipal la responsabilidad de regular la ubicación y condiciones de los pasacalles, afiches y vallas destinados a la propaganda electoral, con el objetivo de garantizar un acceso equitativo para todos los partidos políticos. También se les permite limitar la cantidad de vallas y elementos publicitarios utilizados con fines electorales.

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Según el artículo 13 de la mencionada resolución, el número de vallas publicitarias permitidas para cada campaña política depende de la categoría del municipio. Ibagué, como ciudad de primera categoría, tiene derecho a instalar hasta 14 vallas, cada una con un área impresa de hasta 48 metros cuadrados.

Sin embargo, es evidente que algunos candidatos están excediendo estos límites, lo que plantea preocupaciones sobre el cumplimiento de la ley en cuanto a la publicidad electoral. La candidata a la alcaldía de Ibagué, Johana Aranda, respaldada por seis partidos o movimientos políticos diferentes, podría tener derecho a un asombroso total de 84 vallas publicitarias. Sin embargo, esta cifra, sumada a otras formas de publicidad, claramente excede lo que permite la ley.

En este contexto, la alcaldía de Ibagué se encuentra en una posición delicada. Por un lado, se espera que haga cumplir las regulaciones y restablezca el equilibrio en cuanto a la publicidad electoral. Por otro lado, algunos argumentan que la alcaldía carece de la autoridad moral necesaria para llevar a cabo auditorías y exigencias, ya que ha permitido que la ciudad se inunde de propaganda política durante más de 40 días, sin brindar alternativas a los ciudadanos.

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Varias campañas, incluidas las de Jorge Bolívar del partido Conservador y Ricardo Ferro de Firmes por Ibagué, han sido señaladas por exceder el límite permitido. La ciudadanía espera que las autoridades competentes tomen medidas para garantizar que las futuras elecciones se desarrollen dentro de los parámetros legales y que se restablezca la tranquilidad visual de la ciudad.