Con la expedición del decreto 0943 del 26 de junio de 2022, el gobernador del Tolima, Ricardo Orozco, hizo un llamado a los alcaldes del departamento para que adopten las medidas necesarias con el fin de mitigar los riesgos que se puedan presentar en los eventos masivos. Esto, a propósito de la tragedia ocurrida en la plaza de toros de El Espinal, que dejó un saldo de cuatro víctimas fatales y más de 300 heridos.

El decreto afirma que, previo a la autorización de este tipo de eventos, se debe contar con la revisión y aprobación del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. Se deberán supervisar aspectos como el aforo, el tipo de evento, la clasificación de edad para el ingreso y el lugar donde se desarrolla, la infraestructura que se utilizará, entre otros. 

Adicional a eso, el documento pide que el concepto comprenda una revisión de las instalaciones donde se realizará el evento por parte de un especialista, sobre todo a los componentes de estructura, eléctricos, hidráulicos, con el fin de determinar posibles riesgos. 

• Puede leer:  Las corralejas con los días contados

Instamos a los alcaldes y alcaldesas con festividades a no realizar eventos donde se maltraten animales y se ponga en peligro la vida de las personas. pic.twitter.com/FIBQ6NabIY

— Ricardo Orozco (@Ricardo_Orozv) June 27, 2022

También, se deberá contar con un plan de emergencia y contingencia que comprenda la disponibilidad de los centros de atención médica en caso de urgencia, la disponibilidad del Cuerpo Oficial de Bomberos, rutas de salida y demás aspectos “que permitan mitigar los efectos de una posible contingencia”.

Por último, contempla que las autoridades competentes deben prohibir el ingreso de menores de edad a eventos donde se distribuyan bebidas alcohólicas o se realicen espectáculos no aptos para los menores de edad.

• Lea también: Temores en sector conservador que apoyó a Petro en el Tolima

En cuanto a los eventos como corralejas, corridas de toros, cabalgatas y demás actividades con animales, se deberá tener en cuenta lo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-666 de 2010, que penaliza estas actividades por maltrato hacia estos seres vivos.