En la noche de este lunes festivo, la Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial Colombiano, Asonal Judicial, rechazó la solicitud de reconteo general de votos para Senado en el que coinciden el Registrador Nacional y el presidente Iván Duque.

Dice Asonal que el gobierno nacional en forma recurrente predica salvaguardar el Estado de Derecho, mientras al mismo tiempo desconoce los fallos judiciales y que sin pudor alguno con ello lo que hace es deslegitimar el poder judicial colombiano.

“El partido de gobierno en cabeza de su máximo director, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ante la derrota sufrida por esa colectividad en los comicios electorales realizados el pasado 13 de marzo, sale abiertamente a desconocer el resultado de las elecciones, porque no coincidieron con la información entregada por la Registraduría el día de los mismos”, dice Asonal Judicial.

Aclara el gremio que agrupa a los jueces de la República que “En el verdadero escrutinio, el realizado con posterioridad por los jueces y notarios como escrutadores y claveros, se revisó durante toda la semana la labor de conteo final y se procedió a la corrección de los errores y fallas detectadas, e inclusive, se ordenó la investigación ante los entes de control de aquellas conductas penales en las que podían estar inmersos los jurados de votación”.

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Enfatiza Asonal Judicial que “en contravía de la imparcialidad que en los comicios electorales debe acompañar a un gobierno que se precia de democrático, el Presidente de la República, ante las voces de desconcierto e inconformidad del partido de gobierno por la mengua sufrida en las urnas, convocó para este martes a la Comisión de Garantías Electorales y el Registrador Nacional del Estado Civil, en forma sumisa y obsecuente, sale a proponer que se repita el conteo de votos para el Senado, a nivel nacional”.

Refiere Asonal que estas posiciones sin fundamento alguno que no son más que para congraciarse con su partido y que van contra la institucionalidad, ponen en tela de juicio, la labor imparcial y seria desarrollada por 5.000 jueces de la República y “coloca nuevamente a la justicia en entredicho injustificadamente”.

Agrega Asonal que con “Propuestas de este talante pretenden seguramente ser una antesala para echar atrás el proceso electoral, lo que no sería nada distinto a un golpe de estado civil a la Constitución con el que se abriría compuerta enorme para acabar con la vigencia de las garantías que deben rodear un Estado que se define como democrático”.

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Reitera que “Pensar siquiera en invalidar o desconocer un proceso electoral, que ha sido verificado por el poder judicial con responsabilidad y pulcritud, cuando simplemente no beneficia los intereses del partido de gobierno, desconoce los principios y postulados constitucionales, que con claridad nuestra carta política define en su artículo 1º como propios de un Estado Social, Democrático y de Derecho, basado en la pluralidad ideológica y política y en la autonomía e independencia de los poderes, que en su colaboración armónica deben garantizar la unidad de la República”.

Asegura que de lo contrario se incurre en prevaricato por acción, abuso de función pública y otras conductas ilícitas que Asonal Judicial está revisando, todo ello basado en “el reporte de decenas de jueces en el país que aseguran que en el escrutinio dictaron cientos de votos a favor de colectividades como el Pacto Histórico  y otros y los funcionarios de la Registraduría en el acta E-24 colocaron 0”.

Finalmente en el comunicado se hace un llamado a rodear el poder judicial, a cerrar filas en torno a  la autonomía e independencia judicial. “Demandamos del gobierno nacional poner fin a todos estos ataques contra la judicatura que desnaturalizan y deslegitiman a los jueces”.

En ese orden, Asonal Judicial convoca a todas las personalidades democráticas, a las centrales obreras, estudiantes y a la sociedad civil, como a la comunidad internacional para que “en defensa de la democracia y transparencia del proceso electoral, se rodee a los jueces, se apoye su labor y se respeten los mínimos postulados constitucionales en que se basa un estado democrático”.