Por: Julio César Carrión Castro 

El inolvidable sacerdote Eudista Rafael García Herreros, -Cúcuta 1909-Bogotá 1992- creó a finales de los años cincuenta del pasado siglo, una publicación que llamó “El minuto de Dios- La revista del diálogo”, habiendo sido el reconocido escritor y ensayista Gonzalo Canal Ramírez su director, y contando con el apoyo de periodistas y columnistas de la talla de Monseñor Germán Guzmán Campos, el catedrático Eduardo Umaña Luna, el sociólogo Orlando Fals Borda, el también sacerdote Camilo Torres Restrepo y otros grandes intelectuales. La edición número 6 de dicha revista, publicada el 28 de julio de 1962, -hace precisamente, 60 años- contiene “algunos documentos sobre la violencia”, detalles acerca del encuentro de Monseñor Guzmán Campos con Teófilo Rojas -alias “Chispas”- ocurrido el 5 de mayo de 1958 en el municipio de Planadas (Tolima), contando también con la presencia del guerrillero liberal Jesús María Oviedo, “Mariachi”, artículo publicado bajo el título de “Testimonio de un guerrillero”.

Así mismo contiene esta revista número 6, una reseña del libro de muy reciente edición, “La violencia en Colombia. Estudio de un proceso social”. Reseña hecha por Gonzalo Canal que inicia con una contundente apreciación: “No suelo perder el sueño - “primer plato en el banquete de la vida”-. Después de haber dado vuelta a la última hoja de este libro que, a lo largo de sus cuatrocientas páginas, me llevó y me trajo por los más sangrientos caminos de Colombia. Sentía miedo, angustia, misericordia, indignación, rebeldía, tremenda orfandad de ciudadano; pero, sobre todo, dolor, auténtico dolor de patria. De esta patria doliente, cuyo principal dolor es la violencia…”

Como si fuese poco, la revista expone una serie de aterradoras y sobrecogedoras fotografías (las cuales acompañaron la primera edición de esta portentosa obra de Orlando Fals Borda, Monseñor Germán Guzmán Campos y Eduardo Umaña Luna, con que se inauguran los modernos estudios e investigaciones sociológicas en Colombia).

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Detalladas imágenes que nos muestran el odio y el rencor con que se efectuaban las mutilaciones, deformaciones y desfiguraciones sobre los cuerpos de los asesinados; contemplamos con pavura toda esa detallada semiótica de la barbarie, como los llamados “corte franela”, “corte de mica” “corte corbata”, “del florero”, etc. realizados con la mayor vesania, a nombre tanto de los “gloriosos” partidos liberal y conservador, con que las oligarquías dividieron al pueblo desde el temprano régimen colonial hacendatario, heredero de la colonización española, así como a nombre de una confesión religiosa mal interpretada generalmente en los sectores campesinos y rurales, bajo la influencia y manipulación de algunos curas, gamonales y caudillos patrioteros, obstinados y sectarios, que les establecían las creencias religiosas y políticas, como convicciones “verdaderas” e inamovibles y, por ahí mismo, llevándolos al fanatismo y al rencor, mediante una constante promoción de la intolerancia, el irrespeto y la no aceptación de las contradicciones y las diferencias. Condición precaria de unas mentalidades que aún se mantienen, en la doliente psico-patología de muchos individuos, en esta Colombia tan necesitada, como lo exigían los autores, de una reforma de las conductas y del quehacer político.

Tanto la revista, como la edición del primer tomo del libro “La violencia en Colombia. Estudio de un proceso social” cumplen 60 años y las condiciones analizadas y descritas allí no han cesado y, por el contrario, se han incrementado, en virtud de la persistencia de ese régimen dinástico, señorial y hacendatario, que pareciera eternizarse en Colombia, ya que el criminal y fingido “pacto” que denominaron “Frente Nacional”, llevó fue a la más ignominiosa repartija del poder entre las descompuestas élites liberales y conservadoras, que se extendió por 16 años y, en lugar de morigerar la violencia, la aumentó y diversificó, con la entrada en escena de nuevos actores, como los paramilitares, los narcotraficantes, mañosos politiqueros, tramposos contratistas, cebados burócratas, así como otras poderosas mafias, que operan desvergonzadamente, desde sus negocios electoreros, incorporadas tanto a la administración estatal, como a esa enorme red de empresas, descompuestas y protervas, dirigidas y controladas por una ambiciosa lumpen burguesía que ha logrado provocar una especie de metástasis de la corrupción, llevándonos  hasta la contemplación de ese Estado fallido que hoy padecemos, bajo la gestión de gobernantes cada vez más ineptos y manipulados por unos gamonales que se asumen todopoderosos y hasta mesiánicos .

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Los sectores populares, explotados, excluidos, “ninguneados”, desde el período colonial-hacendatario, han visto como, sistemáticamente, todos sus esfuerzos por modificar esas oprobiosas condiciones se ven frustrados ya sea por una forzada disuasión ideológica que opera desde el propio sistema educativo, las iglesias y los medios de comunicación, fletados al poder, por la cooptación de sus líderes, o por el constante asesinato de éstos. Han sido muchos los magnicidios efectuados por las llamadas eufemísticamente “fuerzas oscuras” -al parecer oscuramente oficiales- con el propósito de impedir el ascenso de sectores contrarios a las fuerzas oficiales: Jorge Eliecer Gaitán, asesinado el 9 de abril de 1948, Jaime Pardo Leal, el 11 de octubre de 1987, Luis Carlos Galán Sarmiento el 18 de agosto de 1989, Bernardo Jaramillo Ossa, el 22 de marzo de 1990, Carlos Pizarro Leongómez, el 26 de abril de 1990.

Así mismo, tenemos que anotar que el 3 de octubre del año 2020, la ya inexistente guerrilla de las Farc, -con los voceros del  partido “Comunes”-, reconoció mediante una carta a la JEP -Justicia Especial para la Paz- su responsabilidad en el crimen de Álvaro Gómez Hurtado, dirigente conservador en claro deslinde de las maquinarias estatales.  

Este oprobioso calendario de muerte y exterminio, que incluye también el genocidio de la U.P. -la Unión Patriótica- en los años 80 del pasado siglo que, según la misma JEP, dejó por lo menos 5.733 muertos, así como el permanente crimen de líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y firmantes de los acuerdos de paz, los llamados “falsos positivos” que involucran, fehacientemente, a las fuerzas militares y de policía de una manera aterradora y que se han incrementado bajo el gobierno del subpresidente Duque. La misma JEP certificó que las fuerzas militares asesinaron por lo menos a 6.402 civiles entre 2002 y 2008 presentándolos como "bajas en combate", por lo cual los militares reclamaban beneficios como reconocimientos económicos, ascensos vacaciones y otras gabelas.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) informa que en lo que va corrido de este año 2022, han sido asesinados en Colombia 50 líderes sociales y exguerrilleros, una cifra que refleja incremento de la violencia bajo el mandato de Duque, desde los Acuerdos de Paz, ya que los militantes del llamado Centro Democrático, -partido de gobierno y empresa electorera de Álvaro Uribe Vélez-, juraron volver trizas.

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Por todo ello no podemos soslayar las recientes denuncias hechas por Gustavo Petro y Francia Márquez, respecto a las amenazas que han logrado impedir el normal desarrollo de su campaña electoral en algunas regiones del país. Es importante que la movilización popular le brinde todo el apoyo al Pacto Histórico y que se vuelque la gente a elegirlos este 29 de mayo en la primera vuelta electoral.

Toda esta vesania debe terminar. Es el momento de impedir, mediante el voto popular, que continúe esta execrable historia de violencia y de crimen consentido y hasta organizado desde los propios oscuros aposentos del Estado. Es hora de acabar con estos “sangrientos caminos de Colombia”, con todos esos espeluznantes relatos e imágenes de la violencia, que hace 60 años denunciaran con tanto vigor, Orlando Fals Borda, Monseñor Germán Guzmán Campos, Eduardo Umaña Luna, Camilo Torres Restrepo, Gonzalo Canal Ramírez y el Padre Rafael García Herreros, desde esa esclarecida revista “El minuto de Dios”.