Por Felipe Ferro - Presidente de la Asamblea Departamental del Tolima

El gobierno Petro, que se ha destacado por el despilfarro y la corrupción rampante, ahora busca enmendar sus errores económicos a costa de los pequeños emprendedores.

Mientras el país sigue con el mal sabor de la repartija de 300 mil millones de pesos de la UNGRD entre contratistas y politiqueros, el presidente propone una nueva reforma tributaria que promete ser el golpe final para las Mipymes, el verdadero motor de la economía colombiana.

Esta ley de financiamiento, disfrazada de "reactivación económica", es una falacia monumental. Se vende como la solución a la crisis, cuando en realidad es una trampa que ahoga a los emprendedores con una tributación desmedida. En lugar de promover el crecimiento empresarial, esta reforma representa un yugo que incrementará la informalidad, el desempleo y la evasión fiscal. ¿Cómo puede ser viable una economía que castiga a quienes generan empleo y dinamizan el mercado?

El régimen simple, una de las pocas herramientas eficaces para facilitar el pago de impuestos y promover la formalización, está a punto de ser desmantelado. Este régimen, que ofrecía una carga tributaria en el pago de renta del 1.8% a las Mipymes, será reemplazado por una tarifa escandalosa del 20%. Un salto que no solo es injusto, sino absurdo. ¿Cómo espera este gobierno que una pequeña empresa pueda sobrevivir con semejante aumento? Es una sentencia de muerte para los emprendedores, quienes ya luchan en un entorno hostil.

Además, esta reforma devolverá a los empresarios que estaban cobijados en el régimen simple la carga de pagar parafiscales por cada empleado, lo que hará que la formalización laboral se vuelva inalcanzable para muchos. En la práctica, cada empleo formal costará mucho más, reduciendo aún más la posibilidad de que las empresas puedan crecer y contratar. El mensaje es claro: en lugar de apoyar a los generadores de empleo, este gobierno los asfixia y los acaba.

El régimen simple logró, en tan solo nueve meses, formalizar a 75 mil trabajadores que antes operaban en la informalidad, y recaudó 2 billones de pesos para el Estado. Además, contribuyó a que los municipios pudieran recibir el pago del ICA, generando desarrollo a nivel local. Acabar con este sistema no solo es un error económico, es un golpe mortal al empleo y a la pequeña empresa, que representa el 99.5% del universo empresarial colombiano y aporta el 40% del PIB.

En un país donde las Mipymes son la columna vertebral de la economía, esta reforma no es más que una puñalada a su futuro. No es una ley de reactivación, es un impuesto a la esperanza, a la innovación y al esfuerzo de millones de colombianos que ven en el emprendimiento su única salida.

Petro prometió un cambio, lo que nunca dijo es que era para generar desempleo, incertidumbre y caos. Este gobierno ha decidido apretar el cuello a los emprendedores, Sin temor a equivocarme Petro será recordado como el verdugo de los pequeños empresarios en Colombia.