Por Oscar Viña Pardo 

Ahora cuando en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes se discute la llamada reforma a la salud hay un tema que pasa de medio “agache”: las nóminas paraleleas o contratos en modalidad de orden de prestación de servicios de personal administrativo en las instituciones públicas de salud. 

Como por arte de magia las necesidades del servicio no está en lo asistencial, sino en lo administrativo, personal que presuntamente se le conoce el día que firman el contrato o cuando pasan las cuentas equivalentes sin mayor soporte en las actividades encomendadas. 

Y no pasa nada, no se escuchan las voces de los defensores del paciente o del mismo sindicato denunciando estos casos que van en detrimento de las instituciones. Oficinas como la Jurídica o de facturación sobrepasan la contratación hasta en un 500%, mientras los médicos, enfermeras y auxiliares siguen siendo el mismo número en muchos no en todos los hospitales del país. 

• Puede leer: Aprobado en bloque 16 artículos de la reforma a la salud

No pueden ser los hospitales públicos la caja menor de los gobernantes de turno. Son instituciones sagradas que requieren de gerentes sociales que prioricen las áreas de asistencia y atención médica en aras a no sufrir desde lo económico en un corto y mediano plazo por la falta de recursos, la congestión y la burocracia, afectando de manera directa el funcionamiento. 

Me pregunto: ¿dónde están los organos de control? Es preventivo como debe ser en estos casos las investigaciones y no posteriori. Al final no importa, alcaldes y gobernadores deben ser como líderes de la Junta Directiva los que ayuden a trazar este derrotero, más cuando los balances y estado de resultados aparecen en rojo, pero los justifican con el costo humanitario en salud.