Por  Edgardo Ramírez Polanía
Doctor en Derecho

Algunos funcionarios de los distintos gobiernos y épocas han recibido coimas por la venta los bienes del Estado, su territorio, sus metales preciosos como el oro, las esmeraldas, y sus hidrocarburos como el petróleo y minerales carbón, ferroníquel, plata y platino y sus empresas productoras y todo aquello que produzca riqueza, y realizar toda clase de contratos donde ha existido esa perniciosa costumbre en detrimento del país que ha llevado a grandes problemas económicos y sociales.

Desde los primeros años de la independencia en 1817 época de las penurias económicas que dejó la revolución, el Libertador informó al Congreso de la necesidad de buscar préstamos en Inglaterra que era el centro financiero de Europa y el gobierno comisionó a Francisco Antonio Zea, para gestionar un empréstito con el gobierno inglés para atender las necesidades que había dejado la revolución, que fue firmado con condiciones onerosas para Colombia lo que hizo que el Libertador lo despojara de sus poderes.

Quienes tramitaron el préstamo se quedaron con una parte, lo que impulsó al Libertador Simón Bolívar a expedir el 2 de enero de 1824 el decreto que imponía la pena de muerte por esos delitos.

Ese Decreto no les valió a los dilapidadores del erario, que continuaron con el entramado de corrupción.

Debido a la persistencia de la crisis económica, el gobierno solicitó otro empréstito en 1823 y designó   a los empresarios antioqueños Manuel Antonio Arrubla y Francisco Montoya, quienes gestionaron el endeudamiento y recibieron una comisión o coima sobre el monto y parte del mismo lo dedicaron para préstamos personales y se pagaron mercancías con sobre precio como sucede actualmente.

En la época de la República en 1900, el presidente de entonces José Manuel Marroquín vendió a Panamá, y como testimonio de la coima que consiguió, construyó en las afueras del norte de Bogotá el castillo Marroquín que es el monumento a la corrupción y era visitado por turistas asombrados de su lujo y dilapidación de los dineros del Estado y hoy es una dependencia de la universidad Pedagógica Nacional.

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En el gobierno de César Gaviria, se instauró la apertura económica que desestabilizó la economía, arruinó al campo y aumentó el desempleo y le abrió paso a la privatización y venta del Estado a particulares.

Para tratar sólo la venta del renglón energético, el alcalde de Bogotá, Jaime Castro empezó la privatización de la Empresa de Energía y vendió de un plumazo gran parte de esa Empresa, que la ciudad había adquirido durante 70 años de ahorros y empréstitos internacionales.

En 1994 se expidió la Ley 142 o Estatuto de los Servicios Públicos domiciliarios y toda empresa prestadora de esos servicios nació como sociedad por acciones que permitió que pudieran ser socias con otras entidades de su misma función y para que las empresas existentes fueran transformadas conforme a las nuevas disposiciones. De esta manera la Empresa de Energía de Bogotá, pasó de ser un establecimiento público a una empresa industrial y comercial del orden distrital y en una separación de actividades se creó Codensa de propiedad del grupo italiano en el que posee el 57.3%.

Otros gobiernos vendieron el ICEL o Empresa Colombiana de Energía Eléctrica, Electricaribe que fue una subasta acordada, y en el gobierno de Juan Manuel Santos y su ministro Juan Carlos Echeverry vendieron ISAGÉN y la Electrificadora de Boyacá que tuvo como consecuencia que el país terminara comprando energía a Perú y Ecuador.

En el año 2016 el alcalde Peñalosa destinó la sobretasa de los combustibles destinadas para la malla vial, para la construcción de Transmilenio, favoreciendo intereses privados y nocivo para el erario.

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Se ha hecho mal uso del dinero destinado para hacer escuelas, hospitales, la comida de los niños, los medicamentos, la salud, la educación y los servicios públicos, de una manera voraz, que los corruptos invierten en lujosas viviendas, casas de descanso, autos, viajes joyas, licor, bienes en otros países y el resto lo consignan en los paraísos fiscales, mientras el país se hunde en la pobreza, la necesidad y la desigualdad y se imponen más impuestos y gravámenes hasta de las pensiones.

Los reyes han estado también en el ojo de la corrupción. El rey Juan Carlos I de España se alzó con más de 100 millones de euros que fueron a parar en cuentas del banco suizo Mirabeaud y huyó hacia Abu Dabi de los Emiratos árabes donde reside sin su amante Corinna Larsen a quien le había entregado otros 60 millones de euros que le ha reclamado y no le han sido devueltos.

Ibagué no escapa de la voracidad de los funcionarios que la han utilizado para enriquecerse, mientras los servicios públicos no son los mejores, la malla vial está en mal estado, se han hecho contrataciones por centenares de millones de pesos para distintas obras, sin que haya habido transparencia en sus ejecuciones.

Se requieren medidas más drásticas para acabar con ese flagelo que agobia a la sociedad y nos avergüenza ante el mundo. Pues, en el gobierno de Duque se vendió el 66.7 % de las reservas del oro de Colombia, siendo codirector de la Junta Directiva del Banco de la República Alberto Carrasquilla, y se cambió por papeles en bonos del exterior.

Ecopetrol creó un Banco en Suiza denominado Ecopetrol AG, y lo conformó enviando los títulos valores a España y de ahí a Suiza para pagar las cuentas de Reficar, una empresa de refinería en Cartagena donde hubo un fraude de 4.000 millones de dólares.

Debemos crear en los niños y jóvenes la conciencia que el patrimonio público es para preservarlo porque es de todos y no de unos pocos que se apropian de manera indebida y que son para el funcionamiento de la sociedad.