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El juez y el exalcalde: dos lecciones para Ibagué y el Tolima
Por Henry Rengifo Hernández
Aquí, dos hechos distintos que invitan a reflexionar sobre el periodismo, la ética pública y la madurez de una sociedad.
Hay noticias que, más allá de su coyuntura, terminan retratando las contradicciones de una sociedad. En Ibagué, dos acontecimientos ocurridos en los últimos días ofrecen una oportunidad para reflexionar sobre asuntos que deberían ocupar un lugar central en la conversación pública: el valor de las personas más allá de sus apariencias y la responsabilidad que acompaña el ejercicio del poder.
El primero tiene como protagonista al abogado ibaguereño José Arturo Medina Argüello, recientemente nombrado juez de la República en el departamento de Arauca. Su posesión, que debió ser motivo de reconocimiento por el mérito y la formación académica que respaldan su llegada a la judicatura, terminó convertida, para algunos medios y usuarios de redes sociales, en una discusión sobre su presentación personal.
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Resulta preocupante que, en tiempos en los que tanto se reclama de oportunidades para las nuevas generaciones, la trayectoria de un profesional pueda quedar relegada a un segundo plano por consideraciones estéticas. La apariencia, el atuendo o los convencionalismos sociales no pueden convertirse en parámetros para medir la capacidad intelectual, la solvencia moral o la dignidad de quien asume una responsabilidad pública.
Medina Argüello llegó a ese cargo mediante un concurso de méritos. Ese dato debería ser suficiente para que la conversación pública comenzara por donde corresponde: sus capacidades, su preparación y el recorrido que le permitió alcanzar una posición para la cual compitió legítimamente. Su respuesta, mediante un comunicado en el que destacó su formación y el respaldo familiar recibido, fue también una manera serena de poner las cosas en su lugar.
Y aquí aparece una primera reflexión sobre el periodismo. La búsqueda de audiencia no puede llevar a sacrificar el sentido de las proporciones. Informar no es ridiculizar; ejercer la crítica no significa convertir las diferencias en espectáculo. Cuando la apariencia desplaza los méritos y la anécdota termina imponiéndose sobre lo sustancial, el periodismo pierde parte de su función orientadora y se convierte en amplificador de prejuicios.
Ciertamente la superficialidad, el show, la banalidad, lo inane en que se ha convertido la mayor parte del ejercicio periodístico en el afán de conseguir likes, quedó al desnudo con el tratamiento amarillista que le dieron al caso del recién nombrado juez.
El exalcalde Andrés Hurtado
El segundo acontecimiento nos conduce a un terreno diferente, pero igualmente importante: la relación entre justicia y poder. La condena en segunda instancia del exalcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, por el caso relacionado con la utilización del estadio Manuel Murillo Toro para una celebración privada, merece una reflexión que vaya más allá de las simpatías o antipatías políticas.
Un escenario deportivo como el estadio o el que sea, no es patrimonio particular de quien gobierna. Es un bien de la ciudadanía, construido y sostenido con recursos públicos. Su utilización exige criterios de legalidad, transparencia y responsabilidad. Quien ocupa la Alcaldía no adquiere derechos de propiedad sobre la ciudad ni sobre sus bienes; recibe, temporalmente, una responsabilidad que debe ejercer en beneficio de todos.
En ese orden, resulta políticamente cuestionable la insistencia del exmandatario Hurtado en mantener una presencia protagónica en el escenario electoral inmediato, como si los cuestionamientos judiciales y políticos fueran asuntos menores o episodios que pueden pasar inadvertidos. En este episodio cobra validez la legitimidad ética y la confianza ciudadana que se necesitan para aspirar nuevamente a representar a una comunidad.
Vale, entonces, preguntar qué resulta conveniente para la ciudad, qué comportamientos merecen confianza y qué clase de referentes públicos estamos dispuestos a respaldar. La legalidad establece un marco; la ética pública exige una responsabilidad mayor.
En este contexto, también corresponde al periodismo mantener su independencia. Consultar abogados, escuchar distintas interpretaciones y explicar los alcances de una decisión judicial es parte de su obligación. Lo que no resulta aceptable es convertir la pluralidad informativa en una operación de legitimación política, ni presentar como irrelevantes los cuestionamientos que merecen un examen serio.
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Estos dos acontecimientos, aunque de naturaleza muy distinta, dejan una enseñanza común. No podemos ser tan severos con las apariencias de quien apenas comienza a construir su camino en la función pública y tan indulgente con las actuaciones de alguien que ya tuvo la oportunidad de ejercer el poder y lo que dejó fue una estela de escándalos a granel.
A José Arturo Medina Argüello habrá que juzgarlo por sus decisiones, su independencia y su desempeño como juez, no por la manera como se presentó a una ceremonia de posesión. A Andrés Hurtado, como a cualquier exfuncionario público, habrá que examinarlo por sus actuaciones, sus responsabilidades y el respeto que haya demostrado por los bienes y las instituciones públicas.
Ibagué necesita menos juicios precipitados sobre las personas y más juicios rigurosos sobre sus actuaciones. Necesita un periodismo que ilumine, no que distraiga; dirigentes que comprendan que gobernar es servir y ciudadanos que no renuncien a su capacidad de discernimiento.
Porque, en últimas, la verdadera estatura de una persona no la determina su apariencia ni el cargo que haya ocupado, sino la manera como entiende y ejerce sus responsabilidades.
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