Por: Daniel Lozano Flórez

*Sociólogo y Doctor en Estudios Políticos

Profesor universitario

El Acto Legislativo 01 de 2017 introdujo un cambio sustancial en el paradigma de justicia aplicado en Colombia. Los miembros del Congreso de la República que aprobaron esta reforma constitucional institucionalizaron el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, que significó un paso de gran magnitud en la adopción e implementación en el país de una alternativa de justicia restaurativa.

Con esta decisión, el Estado reconoció la importancia de que el país contara con un dispositivo integrado por instituciones judiciales y extrajudiciales que interviniera, temporalmente, en la sociedad, con el fin de reivindicar los derechos de las víctimas del conflicto armado colombiano y procurara por medidas que condujeran al conocimiento de la verdad, la reparación integral, las garantías de no repetición de los hechos de violencia e hiciera contribuciones efectivas a la reconciliación y a la construcción de una paz estable y duradera.

El Sistema Integral quedó compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD); y la Jurisdicción Especial para la Paz. En el caso de la UBPD, mediante el mencionado Acto Legislativo y el Decreto Ley 589 de 2017 fueron definidos los criterios para su operación como institución del Estado, pero independiente del gobierno nacional, así como su carácter humanitario y extrajudicial y la organización de su estructura jurídica y administrativa.

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Sumado a ello, recibió el encargo de realizar las acciones humanitarias para encontrar con vida o, en su defecto, hallar e identificar los restos de las personas desaparecidas y poner fin a la tortura sicológica padecida por los familiares y personas cercanas de quienes han sido víctimas de desaparición forzada.

Así las cosas, la búsqueda realizada por la UBPD es eminentemente humanitaria, no tiene en cuenta adscripciones políticas, religiosas o económicas de quien desapareció. Su propósito es el alivio del dolor que afecta a familiares y personas cercanas al desaparecido y el inicio del respectivo duelo por parte de estos. Por ende, el hallazgo permite la transformación de la incertidumbre en certeza, contribuye de forma parcial a la restitución de la dignidad de las víctimas, es un acto de justicia que aporta a la construcción de memoria y de verdad y, además, permite a las personas buscadoras cerrar el proceso de búsqueda e iniciar un ciclo relacionado con la reconstrucción de los proyectos de vida.  

En la actualidad, la Unidad tiene resultados con amplio reconocimiento entre personas e instituciones, nacionales e internacionales, que conocen las dificultades que trae consigo la búsqueda y el encuentro de quienes han desaparecido. Hoy, la UBPD ha encontrado con vida 633 personas, ha hecho entrega digna de 830 cuerpos, tiene identificados 15.812 lugares de interés forense, donde pueden encontrarse restos humanos, dispone de un registro de 59.694 personas buscadoras, ha procesado 20.000 muestras de restos humanos y de sangre de familiares de desaparecidos, las cuales están incluidas en el Banco de Perfiles Genéticos de Desaparecidos. Definitivamente, en Colombia la búsqueda si vale la pena.

Desde una mirada comparada, estos resultados adquieren especial relevancia si los cotejamos con los logrados por instituciones de naturaleza similar a la Unidad en otros países. Al respecto, conviene examinar las siguientes cifras: Argentina en 40 años de búsqueda ha entregado 830 cuerpos a los familiares, Chipre en 20 años ha dispuesto la entrega de 1.082, Iraq en 20 años ha hecho la entrega de 680, Guatemala en 34 años ha efectuado la entrega de 4.006 y Chile en 35 años tan sólo ha logrado la entrega de 307 cuerpos. En este contexto, los 830 cuerpos que ha entregado la UBPD a sus familiares constituyen un hito en el desarrollo de esta acción humanitaria en el mundo, que convierte a la Unidad en un referente de la implementación de la búsqueda de quienes aún permanecen desaparecidos.

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La dimensión del desafío que en la actualidad tiene Colombia en materia de búsqueda de personas desaparecidas es enorme. Para comprenderla mejor, conviene examinar las siguientes cifras: la Unidad tiene un registro de 137.000 personas desaparecidas y si encontrara una por día, tardaría 375 años para encontrar a todas las personas que hoy se buscan.

El hecho social de la desaparición de personas y la tragedia humana que produce también afecta al departamento del Tolima, donde 1.337 personas están buscando 2.895 personas desaparecidas. Indudablemente, estas cifras generan preocupación y dolor en la sociedad, razón por la cual debemos ser solidarios y acompañar a quienes buscan a sus seres queridos, pues su dolor, acompañado de incertidumbre y, en muchos casos de miedo, es muy grande, más grande que el sentido por la sociedad. 

En estos días, cuando tanto se dice de la crisis que afecta a las finanzas públicas, de la reducción del tamaño del Estado, de redefinir prioridades para la inversión pública y de hacer recortes en el presupuesto nacional, todo parece indicar que al gobierno del presidente De la Espriella poco le interesa la consolidación de la justicia restaurativa. No hay otra razón para explicar las propuestas de recorte presupuestal a las instituciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, situación que afecta a la UBPD y, de manera particular, a la principal acción desarrollada por esta institución: la búsqueda de quienes se encuentran desaparecidos. Conviene tener presente que esta búsqueda es una acción humanitaria, difícil de realizar y costosa, razones por las cuales resulta incomprensible la falta de incremento del presupuesto de la Unidad en años anteriores y la reducción que se proyecta para el 2027. 

La desaparición forzada sigue siendo una tragedia humana que afecta a miles de familias y con su atención debe comprometerse la sociedad colombiana y los gobiernos nacional y territoriales. Esta tragedia genera dolor y sufrimiento en miles de familias, afecta e interpela a la sociedad y demanda una intervención efectiva de los gobiernos nacional y territoriales, respaldada con recursos suficientes para fortalecer las capacidades de las instituciones y de las personas dedicadas a la búsqueda de quienes han desaparecido.