Por Carlos Alberto Estefan Upegui  - Exgobernador del Tolima.

La inversión ‘forzosa’ consiste en hacer un buen uso de los saldos del dinero del público disponible en los bancos, no para expropiarlo como temerariamente se ha hecho creer.

Por el contrario, mientras la banca privada regularmente capta esos dineros a tasas bajísimas, 0.4%/mes, los presta a tasas muy altas casi al tope de usura, encareciendo la producción y el consumo.

Entre tanto, el gobierno del presidente Petro con dicha medida quiere ofrecer créditos más cómodos a los sectores, industrial, agrario, de mejoramiento de vivienda e incluso de turismo, favoreciendo primero a los ahorradores con una tasa más justa y prestándolos a los usuarios a un interés significativamente inferior al de usura, que ya vimos cobra la banca privada.

Para este caso se utilizaría la banca oficial como Bancóldex, Banco Agrario o el Fondo Nacional del Ahorro y FINAGRO, etc. y así coadyuvar en la reactivación de esos sectores.

Iván Duque quien ahora critica la medida, paradójicamente la utilizó en su gobierno de manera transitoria durante la pandemia; igualmente, se lleva a cabo en el agro desde 1959.

"Está muy equivocado el exministro Cárdenas Santamaría cuando dice que las inversiones forzadas (…) afectan a los bancos..., dejarán de ganar una plata porque no la podrán prestar a sus clientes, pero quien corre el riesgo de perderla es el ahorrador…" , comentó Gustavo Álvarez Gardeazabal en su columna “El Jodario”.

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Y aun cuando tampoco la van a perder, este es un tema que se presta a diferentes interpretaciones de buena o mala fe, dependiendo de la intención con que se hagan, lo cierto es que antes de implementarse deberá llevarse al Congreso de la República como proyecto de ley para sus respectivos debates y  ajustes.

Se supone, por sentido común, que su aprobación sería inminente si contáramos con un congreso de fiar y no con actitud "revanchista" que solo pretende oponerse a toda costa a las iniciativas gubernamentales.

A nadie se le va a quitar la plata de sus ahorros. Es obligación de las entidades financieras custodiarla, protegerla y velar por su conservación. No nos explicamos por qué hayan de oponerse a que ese ahorro se destine a impulsar la productividad a tasas moderadas.

Sin embargo, conversar con la contraparte política pareciera tiempo perdido. La superficialidad de sus argumentos y sus adjetivos desobligantes no corresponden a un análisis sensato.

A eso han llegado sugestionados por la mala prensa y entre sí por sus juicios viscerales. ¡Ya veremos qué pasa…!!