Por Oscar Augusto Sotomayor Uribe

*Abogado, oficial (RVA), doctorando en Derecho, magíster, especialista, investigador y docente universitario.

En la primera columna preguntamos si estamos construyendo ciudad o solamente apartamentos. Ahora la cuestión es otra: ¿quién verifica que las promesas de la administración de Johana Aranda se traduzcan en resultados comprobables?

No se trata de desconocer las obras realizadas ni de anticipar conclusiones sin pruebas. Se trata de confrontar los compromisos anunciados con las metas aprobadas, los recursos invertidos y los beneficios que efectivamente recibe la ciudadanía.

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Una ciudad no se construye únicamente con edificios y vías. Requiere servicios públicos, movilidad, espacio público, infraestructura suficiente y oportunidades económicas. Por eso, el crecimiento puede verse, pero el cumplimiento debe demostrarse.

El Concejo debe mostrar resultados de su control

El artículo 313 de la Constitución Política atribuye a los concejos municipales funciones relacionadas con los planes de desarrollo, el presupuesto, los usos del suelo y el control político, conforme a la Constitución y la ley.

Su responsabilidad no termina al aprobar acuerdos ni se cumple únicamente con intervenciones en las sesiones. Implica solicitar información, examinar contratos, contrastar indicadores y verificar las explicaciones de la Administración.

1. Frente a las obras anunciadas, las preguntas son concretas: ¿qué metas se han cumplido?, ¿cuáles presentan retrasos?, ¿cuánto dinero se ha ejecutado y qué proyectos siguen pendientes? También corresponde preguntar qué seguimiento ha realizado el Concejo y qué resultados puede acreditar.

De 305 kilómetros a 300 cuadras: falta una comparación verificable

El programa de gobierno de Johana Aranda, presentado en 2023, señaló un deterioro de la malla vial estimado en 305 kilómetros. Esa cifra corresponde al diagnóstico de campaña y requiere una metodología comparable para establecer cuánto ha cambiado la situación.

El 28 de septiembre de 2026, diferentes medios de comunicación informaron que la Alcaldía reportaba 300 cuadras pavimentadas durante los primeros 1.000 días de gobierno. La publicación mencionó estrategias como De Vuelta a la Vía, Combo 3×1 y Ambulancia Vial (Tolima7Días, 2026).

Las cifras no son equivalentes: kilómetros y cuadras son unidades distintas, y las intervenciones pueden comprender pavimentación completa, mantenimiento o rehabilitación parcial. Por tanto, no permiten concluir, por sí solas, qué proporción del deterioro diagnosticado ha sido superada.

La Administración debería publicar un balance consolidado con la ubicación de cada obra, su extensión, costo, contrato, estado de ejecución y relación con las metas del Plan de Desarrollo Ibagué para Todos 2024–2027, adoptado mediante el Acuerdo 006 de 2024.

Reconocer las intervenciones reportadas no impide preguntar por su alcance. Al contrario: permite establecer si responden a las necesidades identificadas y cuánto falta por hacer.

Emprendimientos: una meta no equivale a un resultado

En mayo de 2024, la Alcaldía anunció que el Plan Plante buscaría crear 310 emprendimientos mediante formación y entrega de capital semilla. En diciembre de 2025, informó la entrega de 100 kits a participantes de actividades como barismo, estética y repostería (Alcaldía de Ibagué, 2024, 2025).

Son datos relevantes, pero diferentes. La entrega de kits no demuestra automáticamente la creación de igual número de negocios ni permite establecer el cumplimiento de la meta de 310 emprendimientos.

Para evaluar el programa se necesita conocer cuántas unidades productivas se crearon, cuántas continúan activas, cuánto presupuesto se ejecutó y qué mecanismos verifican su sostenibilidad.

La formación, la entrega de herramientas y la consolidación de un negocio son etapas distintas. El balance público debe medirlas por separado y explicar el avance frente alcompromiso inicial.

$190.000 millones: ¿cuánto se convirtió en obras útiles?

El 31 de marzo de 2026, la Alcaldía informó sobre inversiones por $190.000 millones provenientes de dos empréstitos contratados en 2025. La comunicación oficial señaló que más de $100.000 millones del crédito de $150.000 millones estaban en ejecución, contratados o en proceso de contratación (Alcaldía de Ibagué, 2026).

La distinción importa: un recurso contratado no equivale a un pago ejecutado, y una obra en construcción todavía no es una obra terminada y disponible para la comunidad.

Por eso, la ciudadanía necesita conocer, proyecto por proyecto, el presupuesto, el contratista, los plazos, las modificaciones, los pagos, el avance físico y la fecha de entrega.

También debe poder consultar los soportes de recibo y funcionamiento de las obras concluidas. No se afirma que los créditos hayan tenido un uso indebido. Se exige trazabilidad desde la financiación hasta el resultado. ¿Cuánto se ha convertido en obras terminadas, cuánto sigue en ejecución y cuánto permanece pendiente?

Urbanizar también implica responsabilidades

La Ley 388 de 1997 contempla la distribución equitativa de las cargas y los beneficios del ordenamiento territorial. Según las normas e instrumentos aplicables a cada actuación, urbanizadores y propietarios pueden tener obligaciones sobre cesiones, vías locales, redes y espacios públicos; otras infraestructuras pueden corresponder al ámbito público.

No sería correcto atribuir todas las cargas al constructor ni trasladarlas automáticamente al municipio. Lo exigible es identificar qué obligación correspondía a cada actor, qué establecieron las licencias y los instrumentos urbanísticos, qué obras se ejecutaron y cuáles fueron recibidas.

El número de edificios nuevos no basta para medir el desarrollo. También hay que establecer si la infraestructura y los servicios acompañan el crecimiento urbano conforme a las obligaciones legales.

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Las promesas deben poderse medir

En 2027 regresarán las propuestas sobre movilidad, empleo, vivienda y calidad de vida. La ciudadanía no debería esperar hasta el final del mandato para evaluar la gestión actual.

La Alcaldía anunció en marzo de 2026 la plataforma MiGestión, presentada como herramienta para visualizar avances físicos y financieros de las metas. Su utilidad dependerá de que la información esté actualizada, sea comprensible y permita consultar los documentos que respaldan cada indicador.

La evaluación requiere tres elementos: compromiso definido, inversión identificable y resultado verificable. El Concejo debe ejercer el control político; la Administración, explicar sus avances y retrasos; y la ciudadanía, contrastar los datos con los compromisos publicados.

Ibagué necesita obras, pero también información que permita evaluar su alcance. Las promesas están escritas; corresponde demostrar cuánto se ha cumplido y qué falta por hacer

Referencias

Alcaldía de Ibagué. (2024, 12 de mayo). Creación de empleo, emprendimientos y unaciudad competitiva: metas del Plan de Desarrollo.

https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=16962

Alcaldía de Ibagué. (2025, 3 de diciembre). Alcaldesa Johana Aranda entregó 100 kits de capital semilla a emprendedores de Ibagué. https://ibague.gov.co/portal/noticias/21237- alcaldesa-johana-aranda-entrego-100-kits-de-capital-semilla-a-emprendedores-de-i

Alcaldía de Ibagué. (2026, 31 de marzo). Así lleva a cabo la Alcaldía de Ibagué histórica inversión por $190.000 millones en la ciudad. https://ibague.gov.co/portal/noticias/21956- asi-lleva-a-cabo-la-alcaldia-de-ibague-historica-inversion-por-190000-millones-en-la-ciudad Alcaldía de Ibagué. (2026, 13 de marzo). Federación de Municipios exalta a Alcaldía por creación de plataforma para gestión pública. https://ibague.gov.co/portal/noticias/21815- federacion-de-municipios-exalta-a-alcaldia-por-creacion-de-plataforma-para-gestiCongreso de Colombia. (1997, 18 de julio). Ley 388 de 1997.

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=339

Concejo Municipal de Ibagué. (2024, 5 de junio). Acuerdo 006 de 2024: Plan de Desarrollo

“Ibagué para Todos 2024–2027”. https://concejoibague.micolombiadigital.gov.co/sites/concejoibague/content/files/000088/4 358__1-acuerdo_006_2024_plan_desarrollo.pdf Constitución Política de Colombia. (1991).