Por Fernando Moreno
*Veedor ciudadano

Hay decisiones que retratan una administración mucho más que cualquier discurso de campaña. Y hay imágenes que explican mejor la política que cien comunicados oficiales.

La de los ciudadanos bloqueando la entrada al palacio municipal para expresar el rechazo al proyecto de empréstito y la de la fuerza pública recibiendo la orden de despejar el acceso para garantizar la sesión del Concejo Municipal de Líbano, es una de ellas.

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El mensaje político es contundente: “la sesión será hoy, cueste lo que cueste. Mañana, dicen, será demasiado tarde”. La urgencia no parece ser convencer a la ciudadanía, sino garantizar que la votación ocurra. Ya no hay consenso porque el calendario se estrechó tanto como el valor de la coima. Al trámite administrativo le quedan 14 horas.

El poder tiene una tentación permanente: confundir la legalidad con la legitimidad. Que una alcaldesa tenga la facultad de impulsar un proyecto no significa que pueda ignorar el conflicto social que éste proyecto despierta.

Gobernar no significa tener las mayorías en el Concejo, consiste también en administrar los desacuerdos sin convertir a quienes protestan en un obstáculo que debe ser removido. Si la escena termina siendo un enfrentamiento entre la policía y ciudadanos libanenses, la pregunta no será únicamente, ¿quién despejó la entrada al palacio? La pregunta será ¿por qué un proyecto que comprometería financieramente al municipio durante años, necesitó abrirse paso entre gritos y empujones?

Porque el empréstito no es un asunto menor. Es una decisión que trasciende un periodo de gobierno. La deuda no la paga una administración; la paga un municipio entero durante los años siguientes. Por eso se exige mayor debate, más explicaciones y más garantías antes que comprometer recursos futuros.

La fuerza pública enfrenta, además, un dilema complejo. Su deber es cumplir las órdenes de la alcaldesa, pero dentro del marco de la ley y preservar el orden público. Pero cada intervención de esta naturaleza es un conflicto que tiene un costo político y social que excede la función policial.

Cuando la política no encuentra caminos para resolver el desacuerdo, la presión termina trasladándose a quienes deben cumplir las decisiones de la autoridad.

La Alcaldesa se niega a escuchar a quienes la contradicen y si la propuesta es despejar el camino, "sí o sí", la ciudadanía entiende que las decisiones ya estaban negociadas; ya estaban tomadas y que el debate apenas era una formalidad.

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La oposición de la gente a la entrada del palacio no es un problema de orden público, no señores; es una expresión política. Estamos ad portas de ver un pulso entre la autoridad y quienes rechazan el empréstito, la responsabilidad política de evitar que ese desacuerdo desemboque en violencia, recae ante todo en la Alcaldesa.

Entonces el voto no fue popular, se convierte en dictatorial por la forma en que pretende ejercer el poder. Porque ella ganó, pudo ganar la elección del 2023, lo que nunca debería perder es la capacidad de convencer sin necesidad de que la fuerza termine abriendo camino.

Por ahora el pulso lo gana el pueblo.