Por: Jaime Eduardo Reyes

No sobra decir, una vez más, que Colombia tiene un problema en su diseño tributario y fiscal. La evidencia de esto es que durante los últimos 20 años nuestro país ha usado la figura de reformas tributarias 12 veces (incluida la de esta legislatura), en los 8 años del presidente Uribe hubo tres, en el periodo de 8 años del presidente Santos fueron cuatro, en el periodo de los 4 años de Duque se aprobaron tres, y en este periodo del presidente Petro se ajustará la segunda.   

Por lo general, las reformas surgen de la necesidad de completar el financiamiento del presupuesto de la nación. La que se está proponiendo en la actualidad es para financiar 12 billones de pesos, lo que aún no se conoce es qué tipos de gastos se van a financiar.

Presupuesto 2025

El proyecto de Presupuesto General de la Nación para el 2025 entró en la recta final de su primera etapa en el Congreso, en una semana debe aprobarse el monto total de estas cuentas de gasto. El 15 de septiembre vence el plazo para su aprobación en el legislativo.

El Ministerio de Hacienda solicitó 523 billones de pesos. El presupuesto para el año entrante está discriminado en $328 billones para funcionamiento, 112,6 billones de pesos para pagar la deuda, y solamente $82 billones de pesos para inversión.

Según un análisis de Corficolombiana, el servicio de la deuda subirá $18,1 billones y el gasto de funcionamiento $19,1 billones. El ajuste fiscal recaerá en la inversión, que disminuirá $17,4 billones”.

El debate para la aprobación ha advertido que el Presupuesto General de la Nación tiene tres grandes alertas respecto a su capacidad de recaudo. El primero, se duda de la capacidad de gestión de la DIAN en ingresos adicionales por $16 billones para la Nación, dato que para otros expertos no pasaría de $6 billones.

El segundo, se tiene el hueco en el fondo de combustibles que se subirá al menos $7 billones. Y tercero, los $12 billones que el Gobierno reconoció que le hacen falta y dependen de una Ley de Financiamiento o reforma tributaria para poderlos ejecutar. De esta forma, harían falta por lo menos $29 billones el otro año, que para muchos debería llevar a hablar de un recorte al gasto.

Para Corficolombiana, el proyecto de PGN para 2025 plantea dudas sobre la sostenibilidad fiscal, dificultando la confianza necesaria para la reactivación conómica.

El debate a la Ley de financiamiento

Los expertos en finanzas públicas afirman que, si de financiar el déficit del presupuesto se trata, está solamente corregiría la tercera parte del mismo; según el más reciente concepto del comité autónomo de la regla fiscal, el faltante es de 33 billones de pesos y la reforma se anunció por doce billones.

De aprobarse el presupuesto tal y como está presentado, el año entrante el gobierno deberá realizar un recorte como el que se hizo este año. Recordemos que este año hubo aplazamiento de $20 billones y según el Comité autónomo de la regla fiscal explicó que el decreto de aplazamiento del Presupuesto General de la Nación presentado, por dicha cantidad “es inferior al ajuste de gasto presentado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, de $51 billones”.

Según muchos expertos la reforma tributaria no es conveniente y es insuficiente, por lo que lo lógico sería la reducción del gasto público en la ley de presupuesto, gasto que se aumentó este año en más de un 20%.

El debate en el Congreso está entre quienes recomiendan que los $523 billones que solicitó el Ministerio de Hacienda se bajen a $511 billones, para evitar una ley de financiamiento que muchos catalogan como inconveniente en este momento de una economía débil, y los llamados de la Casa de Nariño para que le den luz verde a lo propuesto, argumentando que está en juego la inversión en las regiones.

Inflexibilidad del gasto público

El gasto público en Colombia es altamente inflexible, ya que el gobierno no puede ajustar ni el servicio de la deuda ni la mayor parte del gasto en funcionamiento. El Ministerio de Hacienda estima la rigidez presupuestal en cerca de 92% del proyecto de PGN 2025.

• La Constitución de Colombia establece que los salarios de los funcionarios públicos deben mantener su poder adquisitivo.

• Las transferencias del gobierno a los entes territoriales, cuyo peso es del 75,6% del gasto en funcionamiento, tienen las mayores rigideces, como es el caso del Sistema General de Participaciones (SGP) que debe aumentar por ley el promedio de la variación anual de los ingresos corrientes de la Nación de los cuatro años previos e incluyen las partidas destinadas al pago de pensiones, fondos especiales de retiro, aseguramiento en salud y el fondo nacional del Magisterio.

Aunque el gasto público en Colombia tiene rigideces, hay margen para aplicar austeridad en el funcionamiento y la nómina sin afectar la inversión. Y es precisamente en este rubro donde mayor dificultad existe debido a que el gobierno Petro está interesado en seguir aumentando el gasto de funcionamiento.

Este miércoles se votará el monto del proyecto de ley, que el Ministerio de Hacienda espera ratificar en $523 billones propuestos