Por Nicolás Álvarez Bernal
* Economista de la Universidad Nacional de Colombia.

"La dificultad yace, no en las nuevas ideas, sino en escapar de las viejas." — John Maynard Keynes.

En los debates económicos contemporáneos, la discusión sobre el salario mínimo suele estar cargada de mitos y prejuicios que obstaculizan la adopción de políticas más justas y efectivas para promover el bienestar social. 

En el caso de Colombia, un país que enfrenta altos y persistentes niveles de desigualdad y pobreza es fundamental reevaluar el papel del salario mínimo como herramienta clave para la redistribución del ingreso y el fortalecimiento de la economía.

Uno de los argumentos más comunes en contra del aumento del salario mínimo es que este genera desempleo. Este razonamiento parte de una visión neoclásica del mercado laboral, que asume que los salarios son simplemente un costo para las empresas y que cualquier aumento lleva a una reducción en la demanda de trabajo. Sin embargo, esta visión ignora cómo funcionan las economías reales. 

En Colombia, como en muchas otras economías en desarrollo, la demanda laboral está influenciada por el nivel de actividad económica, que a su vez depende de la demanda agregada. Así mismo, se demuestra que tal argumento es falso cuando se observan los datos que a pesar de los aumentos que ha realizado este gobierno desde 2022 en los salarios mínimos de 10%, 16% y 12.1% el desempleo se ha reducido de 11.2% en 2022 a 9,1% en 2024 según proyecciones de diferentes economistas.

Por otro lado, un aumento del salario mínimo puede estimular el consumo, especialmente porque beneficia a los trabajadores con mayor propensión a gastar. Esto, en consecuencia, dinamiza sectores como el comercio y los servicios, generando nuevos empleos. 

Además, los estudios empíricos en diferentes países han demostrado que no existe una relación directa y consistente entre aumentos del salario mínimo y niveles más altos de desempleo.

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En cuanto a la informalidad, esta está más vinculada a la estructura productiva del país y a las limitaciones en la capacidad de las empresas para formalizarse que al nivel del salario mínimo. 

Combatir la informalidad requiere reformas integrales, como una mayor formalización tributaria, políticas de reindustrialización y reforma agraria (donde se concentra la mayor informalidad), y no implica necesariamente sacrificar los salarios.

Otro temor recurrente es que un aumento significativo del salario mínimo provoque inflación. Si bien es cierto que los costos laborales pueden tener un impacto marginal en los precios, este efecto suele ser menor y temporal. En economías como la colombiana, donde los factores estructurales (como los costos de los insumos importados y la especulación en el mercado de bienes básicos) son los principales determinantes de la inflación, el salario mínimo no juega un papel preponderante en la escalada de precios. La evidencia respalda el anterior argumento cuando observamos que la inflación se ha reducido drásticamente pasando de 13.1% en 2022 a 5.2% en 2024.

De hecho, un aumento del salario mínimo puede ayudar a reducir las tensiones inflacionarias al fortalecer el poder adquisitivo de los hogares, permitiendo un mayor consumo de bienes producidos localmente. Esto, combinado con una política fiscal activa, puede generar un crecimiento económico sostenido sin presiones inflacionarias significativas.

Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina, y esta desigualdad se manifiesta en la concentración del ingreso y la riqueza. Elevar el salario mínimo es una de las herramientas más efectivas para redistribuir el ingreso, especialmente en un contexto donde una proporción significativa correspondiente a 3 millones de trabajadores gana un salario mínimo.

Diversas escuelas del pensamiento económico como la teoría poskeynesiana destaca la importancia de la distribución del ingreso en la dinámica económica. Cuando el poder adquisitivo se concentra en las clases trabajadoras, se incrementa la demanda de bienes y servicios esenciales, lo que impulsa aún más la actividad económica. 

Esto no solo beneficia a los trabajadores, sino también a las empresas que ven crecer su mercado. Además, una mejor distribución del ingreso contribuye a la cohesión social y a la estabilidad política, factores fundamentales para el desarrollo sostenible. 

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En un país con los niveles de desigualdad de Colombia, no es suficiente confiar en el crecimiento económico para reducir la pobreza; es necesario un enfoque redistributivo que garantice condiciones mínimas de dignidad para todos los ciudadanos.

Elevar el salario mínimo no solo es una decisión económicamente viable, sino también una necesidad moral y política en un país como Colombia. 

Es hora de superar los viejos dogmas neoliberales que han dado origen a los mitos que rodean esta medida y reconocer su potencial para promover una economía más equitativa, dinámica y resiliente. 

En lugar de temerle a los aumentos salariales, debemos considerarlos como una inversión en el bienestar de la sociedad y en el futuro del país.