Por José Baruth Tafur G.

 *Abogado. Especialista en Marketing Político y Estrategias de Campaña

Y si los ministros que abanderan el proyecto progresista del gobierno Petro están en la cárcel, como Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, es imposible no sentir un nudo en el estómago al ver lo que ocurre con el llamado Gobierno del Cambio.

Hoy vemos cómo quienes en su discurso hablan de transformación, demuestran su verdadero interés frente a lo que en realidad iban a hacer con el presidente Gustavo Petro.

No es casualidad. Dos ministros reflejan una tragedia que se repite: funcionarios de alta confianza terminan en prisión por presuntos actos de corrupción. Lo que alguna vez fue una promesa de transparencia y probidad se ha transformado en una pesadilla para la credibilidad democrática.

Este 19 de diciembre de 2025, el país despierta con la noticia de la captura del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, junto con el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, por su presunta participación en un entramado de desvío de recursos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Instituto Nacional de Vías (Invías).

• Lea también: Dos mujeres, una misma lucha: Dignidad frente a la violencia política

Ambos deberán enfrentar procesos judiciales mientras permanecen privados de la libertad. A esto se suma que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue llamado por la Procuraduría General de la Nación por una presunta responsabilidad en el desabastecimiento de medicamentos durante 2023.

¿Dónde quedaron los discursos del Pacto Histórico sobre la lucha contra la corrupción? ¿Dónde quedó la palabra del gobierno de Petro de poner la ética por encima de la politiquería tradicional? Lo que vemos, sin embargo, es que quienes encabezaron y defendieron el proyecto progresista hoy enfrentan procesos judiciales que antes criticaban con vehemencia. Al final, parece que solo fue ambición de poder.

La Fiscalía sostiene que los exministros defendidos por el presidente Petro no solo desviaron contratos públicos, sino que también habrían utilizado dichos contratos como moneda de cambio para asegurarse apoyo legislativo para la agenda del Gobierno.

El discurso de quienes enarbolan las banderas del Pacto Histórico a nivel nacional —y ni qué decir en el departamento del Tolima— proclama a voz en cuello que representan la nueva política, aquella que clamaba por moralizar la vida pública. Sin embargo, hoy ese relato está manchado. No importa si los implicados niegan los hechos: la sombra del desfalco y del aprovechamiento de dineros destinados a emergencias sociales pesa sobre ellos, como si la historia insistiera en repetir la misma decepción una y otra vez.

Y mientras los ministros que “iban a transformar el país” se enfrentan a la justicia, la respuesta de algunos sectores del propio Gobierno ha sido acusar a los investigadores de motivaciones políticas. Esa actitud —agresiva, defensiva y escéptica frente a la justicia— no inspira confianza; por el contrario, alimenta la percepción de impunidad y de un doble rasero.

La indignación ante estos hechos no es un capricho partidista. Es una reacción legítima de una sociedad cansada de ver cómo la política se convierte en botín. No se trata de alinearse con la derecha o la izquierda, sino de exigir coherencia, responsabilidad y respeto por los recursos públicos y por quienes sufren las consecuencias de su mal manejo.