Ante la Registraduría Nacional fue presentada este lunes por parte comité ambiental del municipio de Ortega las listas de firmas que soportan el proceso de consulta popular en contra de la explotación de procesos de sísmica, exploración, explotación de hidrocarburos, lavado de hidrocarburos y minería de gran escala. 

De acuerdo a Benjamín Aponte Bonilla, alcalde de esa población, en diálogo con medios radiales de la capital, el cese de actividades de tres campos petroleros a cargo de la compañía Hocol, condujo a una perdida por más de mil millones de pesos a la administración local, recursos destinados en gran parte para el transporte escolar y proyectos del sector de la salud.

Invitó a la comunidad en general a replantear la consulta minera en su municipio, entendiendo que cuando se hace de manera responsable se consiguen dividendos para todas las partes. Sin embargo, recalcó ser respetuoso de las decisiones de la ciudadanía.

La semana anterior se realizaron dos consultas populares en Colombia, una en Pijao, departamento del Quindío y Arbeláez, departamento de Cundinamarca. Las consultas realizadas en el presente año en Colombia en contra de la minería han sido todas ganadas por los ambientalistas, situación que preocupa al gobierno nacional. Requiere de mayores análisis y alternativas sostenibles que permitan darle viabilidad económica a las regiones.

El ex ministro Eduardo Pizano, indicó por Caracol Radio que “el petróleo, sobre todo, es un gran generador de recursos para el Estado, con los que se pagan la salud y la educación. Si no se cuentan con estos recursos o habrá más impuestos o el Estado no va poder pagar, digamos, ese tipo de derechos que se habían garantizado”.

Por su parte, voceros de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo mostró su preocupación por este tipo de medidas populares. “Todos vamos perdiendo con las consultas populares. Eso es ir en contra del establecimiento, de la institucionalidad que necesitamos, y con un perjuicio notorio para la industria petrolera y una pérdida del logro que tuvimos hace pocos años, de lograr atraer a los inversionistas”.

A su vez, el director Nacional para la Defensa del Estado, Luis Guillermo Vélez, aseguró que las decisiones que adopten los jueces de la República sobre consultas populares deben adoptarse a la ley, salvaguardando los compromisos adquiridos por la Nación en los diferentes proceso de explotación que se ejecutan en diferentes fases en el país, evitando así millonarias demandas contra el Estado.