La sentencia contra diez paramilitares emitida por La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá  incluye una decisión que ordena la extinción de dominio de seis bienes del cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido artísticamente como Charlie Zaa.

Entre los bienes mencionados están las discotecas Kapachos y Solaris, en Ibagué, además de propiedades en Girardort, se trata del centro comercial Oasis, dos lotes urbanos ubicados en Guamo y Lérida (Tolima); la Hacienda Guamal, en San Luis (Tolima), y un lote de terreno con mejoras, también en Girardot.

La Fiscalía sostiene que exparamilitares señalaron que estos bienes habrían sido adquiridos con recursos del Bloque Tolima. En 2025, la Fiscalía solicitó medidas cautelares sobre bienes cuyo valor superaba los $25.000 millones, dentro de la investigación por el presunto origen ilícito de los recursos utilizados para adquirir y desarrollar varias de estas propiedades.

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Estos predios corresponden a investigaciones ubican a Charlie Zaa como presunto testaferro del Bloque Tolima de las AUC, según testimonios, donde el cantante habría visitado en la cárcel a Diego José Martínez Goyeneche, alias “Daniel”, presuntamente para entregarle las cuentas de los negocio.

El exparamilitar Indalecio José Sánchez, alias Fredy, aseguró que una propiedad denominada Oasis, con un valor que supera los 15 mil millones de pesos  habría pertenecido a alias Daniel y que Charlie Zaa y otra persona habrían actuado como testaferros.

La investigación también señala una diferencia entre la compra de los terrenos y la construcción de los establecimientos: Charlie Zaa habría acreditado ante la Fiscalía la legalidad de algunos lotes, pero no habría podido justificar completamente el origen de los recursos utilizados para obras y licenciamientos.

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Fallo contra el Bloque Tolima

La sentencia también aborda la responsabilidad de 10 exintegrantes del Bloque Tolima por hechos de violencia cometidos entre 2001 y 2005 en diferentes municipios del departamento.

El Tribunal documentó al menos 29 hechos de violencia ocurridos en municipios como Ataco, Cajamarca, Chaparral, Coyaima, Dolores, El Espinal, Guamo, Honda, Ibagué, Lérida, Líbano, Natagaima, Ortega, Prado, Purificación, Saldaña, San Luis y Valle de San Juan.

El fallo identifica cuatro patrones de macrocriminalidad: homicidios selectivos y masacres, desaparición forzada, desplazamiento forzado y mecanismos de financiación.

Según la sentencia, fueron documentados 181 hechos de desaparición forzada y 112 de desplazamiento forzado. La Sala calificó las conductas como graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario y violaciones masivas, sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos.

En el cálculo de las penas ordinarias, cuatro de los exparamilitares recibieron condenas de 40 años de prisión. Los demás fueron condenados a penas de entre 16 y 25 años.

Los 10 exparamilitares condenados