La decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que fijó el salario mínimo para 2026 en $1.750.905 (más auxilio de transporte) ha generado una ola de dudas en el sector laboral. Sin embargo, la respuesta para la quincena de este 15 de febrero es de normalidad: el pago se realizará con el incremento del 23,7% tal como se venía aplicando. El tribunal aclaró que la suspensión solo entrará en vigencia una vez el Gobierno Nacional publique un nuevo decreto transitorio, para lo cual tiene un plazo de ocho días calendario.

Aunque el pago de este domingo está asegurado, la incertidumbre se traslada a la segunda quincena del mes. Si el Ministerio de Hacienda y el de Trabajo logran emitir la nueva norma antes del 21 de febrero, el pago de fin de mes podría ajustarse según lo que se dicte en ese nuevo documento. Es importante precisar que, según expertos laboralistas, no habrá lugar a devoluciones de dinero por lo ya pagado en enero; los efectos de la suspensión miran hacia el futuro de la nómina y no hacia atrás.

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El debate central radica en el concepto de "salario mínimo vital" utilizado por el Gobierno de Gustavo Petro para justificar un aumento tan alto por encima de la inflación. El Consejo de Estado admitió la medida cautelar al considerar que se deben revisar 17 demandas que cuestionan si se cumplieron los parámetros técnicos de ley. Por ahora, el país queda a la espera de la nueva sustentación económica que el Ejecutivo presente para intentar mantener la cifra o proponer un ajuste que cumpla con los requisitos del alto tribunal.

Empresarios y centrales obreras fijan postura ante la incertidumbre

Desde el sector empresarial, la ANDI envió un mensaje de calma a las oficinas de recursos humanos, recomendando "no hacer nada" hasta que el nuevo decreto sea una realidad. El comité laboral del gremio precisó que la decisión del Consejo de Estado no tiene efectos retroactivos, lo que significa que las empresas no deben realizar descuentos ni reclamar devoluciones por los pagos ya efectuados en enero. La instrucción para los empleadores es continuar con la programación de nómina actual hasta que el Ejecutivo publique la nueva norma fundamentada en los criterios técnicos de la Ley 278 de 1996.

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Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) instó al presidente Petro a que el nuevo decreto mantenga el monto global de 2 millones de pesos (incluyendo el auxilio de transporte). Fabio Arias, presidente de la organización, defendió la potestad del Gobierno para sostener el incremento y calificó como un hito histórico que el ajuste superara las expectativas iniciales de los sindicatos. Para los líderes obreros, el nuevo documento solicitado por la justicia debe ser una oportunidad para ratificar la mejora en los ingresos y no para retroceder en las garantías económicas ya otorgadas a los trabajadores.