El sindicato de profesores ASPU y el veedor  del proceso de elección de rector(a) Ricardo Andrés Pérez Bernal de la Universidad del Tolima exigen la suspensión del nombramiento del rector, programado para este 28 de mayo, argumentando el presunto incumplimiento de las normas de retiro forzoso por edad de uno de los consejeros y la falta de respuesta a solicitudes de reforma electoral.

La recusación contra los miembros del Consejo Superior de la Universidad del Tolima fue presentada el 28 de mayo de 2026 por el profesor Pérez Bernal, argumenta que existe un litigio en curso mediante una Acción de Cumplimiento ante el Tribunal Administrativo del Tolima dirigida contra el Consejo Superior. Según Bernal, este hecho pone en duda la imparcialidad para la designación del nuevo rector para el periodo 2026-2030, debido a que ninguno de los integrantes del Consejo se ha declarado impedido pese al proceso judicial en curso.

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La acción solicita el retiro de Fernando Misas Arango de su cargo como consejero, basándose principalmente en la Ley 1821 de 2016, la cual establece que la edad máxima para desempeñar funciones públicas es de 70 años.

La Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU) advirtió que la participación de Misas Arango en las deliberaciones y decisiones para designar al nuevo rector o rectora podría generar vicios de nulidad en las actuaciones del Consejo Superior.

Por ello, el sindicato profesoral solicitó formalmente al Consejo Superior que se pronuncie sobre la permanencia del consejero y que suspenda la sesión de designación del rector(a), programada para el 28 de mayo de 2026, hasta que este asunto sea resuelto de fondo.

Asimismo, Ricardo Andrés Pérez Bernal señaló que ASPU presentó propuestas de mejora para modificar el reglamento de elección, buscando mayores garantías de mérito y democracia. Sin embargo, asegura que el Consejo Superior dilató su discusión y continuó con el calendario electoral sin tramitar dichas propuestas.

“Esta situación constituye una evidente dilación frente a la posibilidad de adelantar un debate amplio, democrático y transparente sobre las reglas que debían regir el proceso electoral, generando serias preocupaciones respecto a las garantías institucionales y a la legitimidad del procedimiento adelantado al interior de la Universidad”, señaló.

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Además, el documento de recusación incorpora las quejas de las representaciones estudiantiles sobre el proceso desarrollado los días 22 y 23 de mayo. Según el texto, existe preocupación por el manejo de las bases de datos institucionales de estudiantes, docentes y egresados, lo que podría vulnerar la protección de datos personales y el principio de neutralidad institucional.

Finalmente, el veedor solicitó que se declare fundada la recusación y se designen funcionarios competentes que garanticen la imparcialidad, transparencia y legalidad en la designación del rector(a).