El representante a la Cámara por el Tolima, Marco Hincapié, junto a la senadora Laura Ahumada, anunció, a través de un comunicado de prensa, que persisten las dudas sobre la propiedad del terreno donde opera el relleno sanitario Pancandé.

Ante las denuncias presentadas a medios de comunicación en Ibagué, el gerente de la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima (EDAT), José Rodrigo Herrera, señaló que el predio donde opera el relleno sanitario, identificado con la matrícula inmobiliaria 368-4199, pertenece legalmente a la empresa de servicios públicos del municipio.

Sin embargo, para los congresistas, las explicaciones no aclaran las dudas sobre la inversión de $5.095 millones de recursos públicos en un bien privado, toda vez que, según la matrícula inmobiliaria 368-40448, el terreno pertenece a un particular.

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Indicaron que la Empresa de Servicios Públicos de Natagaima informó que el relleno sanitario opera en un predio de 10 hectáreas y 4.350 metros cuadrados, que sería propiedad del municipio, aunque el contrato no especifica su matrícula inmobiliaria y cuestionan la existencia e identificación del lote de ocho hectáreas que, según el gerente de la EDAT, habría sido entregado mediante una permuta en 2011 y donde supuestamente opera el relleno.

“Así las cosas, ni en el estudio técnico de la Alcaldía de Natagaima ni en el acta de entrega de la infraestructura al operador aparece el lote de ocho (8) hectáreas que menciona el gerente de la EDAT, y en el cual supuestamente estaría operando el relleno y que habría sido entregado en permuta en el año 2011”, señalaron los congresistas.

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Asimismo, mencionan que CORTOLIMA otorgó la licencia ambiental mediante la Resolución 4462 del 7 de diciembre de 2010, antes de que se formalizara la permuta municipal, en abril de 2011. Por ello, piden revisar la titularidad del terreno para esa fecha.

Como parte de las acciones anunciadas, solicitarán a la Contraloría revisar la permuta de terrenos de 2011 y las inversiones de recursos públicos en el relleno sanitario; a la Procuraduría, examinar la licencia ambiental, el contrato de operación y el saneamiento del predio; y a CORTOLIMA, verificar en terreno la capacidad real del relleno y si las obras corresponden al área autorizada.

Por último, los congresistas reiteraron que persiste la emergencia ante la posibilidad de que, en los próximos meses, el relleno sanitario no pueda continuar recibiendo los residuos de cerca de 10 municipios, lo que ocasionaría una grave crisis sanitaria en el sur del Tolima.