Una crisis ambiental se avecina en Natagaima por la situación del relleno sanitario Pacandé, operado por Consorcio Soluciones Ambientales, que recibe residuos de más municipios de los contemplados inicialmente y estaría próximo a quedarse sin capacidad. El lugar funciona sobre un predio privado en el que, según la denuncia presentada, se han destinado $5.095 millones de recursos públicos para su ampliación. Además, existen cuestionamientos sobre la falta de supervisión del contrato y sobre las condiciones ambientales en las que opera.

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La tradición de Natagaima es el folclor. El municipio, bañado por el río Magdalena, tradiciones indígenas, culturales y gastronómicas, referente de la historia viva del departamento, enfrenta en silencio una problemática que ha convertido a Pacandé en uno de los principales puntos de disposición de residuos del sur del Tolima.

La alerta fue presentada por el representante a la Cámara por el Tolima, Marco Emilio Hincapié y la senadora Laura Ahumada, ambos congresistas del Pacto Histórico, acompañados por José Hernando Tao, gobernador del resguardo indígena Camino Real; José Gabriel Yara, subgobernador del resguardo Nataroco, y Humberto Palomá, presidente de la veeduría ‘Natagaima no quiere basuras de otros municipios’.

Esta reúne ocho hallazgos relacionados con el funcionamiento de Pacandé y anuncia nuevas actuaciones ante entidades como la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, Cortolima y la Superintendencia de Servicios Públicos.

Sin capacidad y recibiendo el doble de basura

Uno de los principales puntos de preocupación es la capacidad del relleno. La licencia ambiental contempló inicialmente la disposición de residuos de seis municipios durante nueve años, con unas 9.800 toneladas anuales. Sin embargo, en 2024 ingresaron alrededor de 20.400 toneladas, más del doble de lo proyectado. Cortolima advirtió que, si las condiciones continúan, la capacidad de la única celda actualmente en uso podría completarse a finales de 2026.

En marzo de 2026, 10 municipios entre los que se encuentran Chaparral, Planadas, Ataco, Saldaña, Prado, Purificación, Guamo, Coello, Coyaima, Guamo y Natagaima, algunos de manera permanente y otros de forma alternada, disponen de sus residuos en Pacandé. La Resolución 0580 de 2021 de Cortolima había establecido seis municipios para la disposición de basuras. Pese a esta diferencia y ante la solicitud de explicaciones, la autoridad ambiental contradijo su resolución y, en el radicado 15990 del 1 de septiembre de 2026, respondió que la recepción de residuos provenientes de otros municipios “no constituye, por sí sola, un incumplimiento” de la licencia.

Fuente: Informe 1877 del 17 de marzo de 2026.pdf, pp. 7–9; Res. 0580 de 2021.pdf, p. 27; RELACION DE FACTURADO VIGENCIA 2023 AL 2025.xlsx.

Predio privado y cuentas que no cuadran

Otra alarma frente al relleno tiene que ver con la inversión de dinero público en una propiedad privada, que además reporta pérdidas. La primera duda se relaciona con el hecho de que, de acuerdo con el certificado de tradición consultado para la denuncia, en 2011 la Empresa de Servicios Públicos de Natagaima S.A. E.S.P. (ESPNAT) entregó el predio a un particular por $46 millones.

Posteriormente, en 2018 y 2022, se invirtieron $5.095 millones de recursos públicos en la ampliación del relleno. Señalan, además, que la permuta del predio se firmó cuatro meses después de que el relleno fuera licenciado y un día después de levantarse un embargo.

Paralelamente, el manejo financiero del relleno también deja preguntas sobre las cuentas del municipio. En 2024, Natagaima pagó cerca de $150 millones por la disposición de sus residuos, pero cerró ese año con una deuda de $225 millones con el operador de Pacandé. Mientras tanto, el contrato reportó ingresos por aproximadamente $1.059 millones provenientes de los municipios por la prestación del servicio. De ese dinero, a Natagaima le correspondieron apenas $26,6 millones, equivalentes al 3 %. Y de ñapa, la concesión con el Consorcio Soluciones Ambientales tiene una duración de 30 años.

A este cuestionamiento se suma la forma en que, según José Hernando Tao, gobernador del cabildo indígena Camino Real, se entregó la concesión: sin licitación y sin consulta previa con las comunidades indígenas de la zona.

El contraste resulta llamativo: el municipio asume obligaciones por la operación del relleno con una licencia a 30 años para una empresa, pero su participación en los ingresos es mínima. ¿Qué ganan los natagaimunos con ser el depósito de basuras de buena parte del sur del Tolima?

Una auditoría con hallazgos pero que “cumplió”

En un informe de la Contraloría Regional del Tolima, comunicado el 9 de septiembre de 2026, se identificaron cinco hallazgos que suman ocho incidencias de carácter administrativo, disciplinario y fiscal.

Entre ellos, la empresa ESPUNAT no supervisó el contrato durante 2023, además, registraron pérdidas, gastos con soportes insuficientes, falta de claridad sobre el manejo de los recursos de las tarifas y un hallazgo fiscal relacionado con el cobro de incentivos por recibir residuos de otros municipios. Natagaima no cobró oportunamente un incentivo que ascendía a $100,1 millones. El operador pagó $69,7 millones en enero de 2026, pero quedarían pendientes $30,4 millones.

Además, la denuncia señala que el ente de control no tuvo en cuenta la permuta del predio, los $5.095 millones de recursos públicos invertidos y la diferencia entre la duración del contrato y la licencia ambiental y, pese a los hallazgos, la propia Contraloría Regional concluyó que el operador “sí ha cumplido” y que no existía detrimento en sus inversiones.

RTA RADICADO 15990 DEL 01-09-2026.pdf, p. 2. Cristian López - UTL Senadora Laura Ahumada.

La alerta ambiental: lixiviados sin control

Uno de los puntos que genera mayor preocupación ambiental está relacionado con el agua. Natagaima es uno de los municipios que más sufre por el acceso al agua. La administración, en cabeza de Astrid Yara, ha tenido que solicitar apoyo de carrotanques frente a la escasez y extrema sequía que atraviesa el municipio, especialmente en la temporada más cruenta del fenómeno de El Niño.

Sin embargo, el relleno sanitario se posa sobre el acuífero más importante del sur del Tolima. De este dependen 5.340 usuarios; de ellos, el 97 % obtiene el agua de aljibes para su uso doméstico, de acuerdo con un informe de Cortolima.

Fuente: mi_377_Rta_mi_245_C.I (1).pdf, pp. 1 y 7; Informe 1877 del 17 de marzo de 2026.pdf, pp. 9. Cristian López - UTL Senadora Laura Ahumada.

La preocupación radica en la disposición de los lixiviados que producen las basuras y que pueden representar un riesgo para las aguas subterráneas. De hecho, Cortolima establece que algunos lixiviados del relleno descargan en la fuente hídrica denominada Nanurco.

Fuente: mi_377_Rta_mi_245_C.I (1).pdf, pp. 1 y 7; Informe 1877 del 17 de marzo de 2026.pdf, pp. 30. Cristian López - UTL Senadora Laura Ahumada.

Pese a que la licencia ambiental contemplaba la construcción de una planta de tratamiento de los lixiviados, Cortolima señaló en 2026 que no había indicios de que dicha planta hubiera sido construida.

Una servidumbre de oleoducto

A las preocupaciones ambientales se suma otro elemento: debajo del predio existe una servidumbre de oleoducto a favor de Ecopetrol, constituida desde 1984. La servidumbre no aparece mencionada en la licencia ambiental otorgada a Pacandé.

La denuncia plantea que, si efectivamente existe un oleoducto en el área, deben establecerse medidas de contingencia y manejo frente a los riesgos asociados a esta infraestructura.

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El futuro de Pacandé

Los congresistas anunciaron que realizarán un debate de control político en la Comisión Cuarta, con participación del Gobierno nacional, la Superintendencia de Servicios Públicos y las entidades relacionadas con el funcionamiento del relleno.

También se proyecta una audiencia pública en Natagaima para que la comunidad pueda plantear directamente sus inquietudes ante las entidades responsables.

A esto se suman solicitudes ante la Contraloría General de la Nación para que evalúe un eventual control excepcional sobre los recursos relacionados con el relleno, una queja ante la Procuraduría por la permuta, el contrato y las respuestas de las entidades a los requerimientos del Congreso.

Pero mientras avanzan las actuaciones, lo más urgente ya tiene fecha: finales de 2026, cuando, según el pronóstico de Cortolima, podría agotarse la capacidad de la única celda actualmente en uso.

Pacandé concentra así una serie de problemas y serios cuestionamientos sobre su funcionamiento, financiación, manejo de recursos públicos y posibles impactos ambientales, asuntos que aún no terminan de aclararse a través de las actuaciones de la Gobernación del Tolima, la Alcaldía de Natagaima, sus concejales, la Contraloría Regional y Cortolima.

Y detrás de todos esos cuestionamientos queda una preocupación inmediata: qué ocurrirá con las basuras de los municipios del sur del Tolima cuando Pacandé rebase su capacidad ya no pueda recibirlas.