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“No es ninguna rebelión”: Matiz defiende rechazo al decreto de emergencia económica
La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz en reunión con los ministros de Hacienda y del Interior.
La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, expuso ante el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, las razones por las cuales ella y otros 16 gobernadores rechazaron el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Nacional el pasado 29 de diciembre con la que se busca recaudar, 11,1 billones de pesos adicionales en 2026.
La mandataria regional fue enfática al advertir que el decreto tendría graves afectaciones para los territorios. “Yo le digo hoy, mirándolo a los ojos y con la mano en el corazón: esto va a ser muy grave”, afirmó, dirigiéndose al ministro Ávila Plazas.
Matiz aseguró que la decisión adoptada por la Federación Nacional de Departamentos (FND) frente al impuesto al consumo de licores impacta de manera directa los recursos de las entidades territoriales y negó que se trate de una confrontación con el Ejecutivo. “Dialogar, concertar y reclamar no puede entenderse como una rebelión ni como una confrontación con el Gobierno nacional”, señaló.
Indicó que su postura responde a la defensa de los intereses de los tolimenses y que se trata de “un derecho legítimo que tenemos, otorgado por el mandato constitucional que nos dieron los ciudadanos”.
La reunión tuvo como objetivo que los 17 gobernadores que decidieron no implementar el decreto en sus territorios y el Gobierno Nacional como un espacio de concertación sobre el decreto de emergencia económica, la cual incluye el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, así como cigarrillos y tabaco.
No obstante, algunos mandatarios departamentales, como el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, se apartaron de esta postura y señalaron que no es competencia de las administraciones regionales tomar decisiones sobre la aplicación del decreto, argumentando que debe ser la Corte Constitucional la encargada de analizar su legalidad y adoptar una decisión al respecto.
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