Haciendo uso de facultades constitucionales, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, detalló la estrategia jurídica que adoptarán la mayoría de los mandatarios regionales para neutralizar los efectos del Decreto 1474, expedido por el Gobierno Nacional a finales de 2025. Los entes territoriales han calificado esta norma como un “asalto centralista a las finanzas de los territorios”.

“En primer lugar, aplicaremos la excepción de inconstitucionalidad para inaplicar este Decreto de Emergencia Económica, especialmente en el ámbito tributario que tanto nos golpea. En segundo lugar, intervendremos formalmente ante la Corte Constitucional en representación de todos los departamentos; cinco gobernadores sustentaremos allí los argumentos jurídicos y técnicos que demuestran la inviabilidad de esta norma”, enfatizó la mandataria.

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El impacto en la economía regional

Durante la Cumbre de Mandatarios celebrada este jueves, se acordó que otro de los mecanismos clave será la acción de tutela. Según Matiz, las regiones enfrentan una "tormenta perfecta" financiera derivada no solo del decreto, sino de las políticas salariales recientes:

“Estamos ante una inminente emergencia económica y social en los departamentos. El aumento del salario mínimo del 24% genera afectaciones gravísimas. Un ejemplo crítico es el PAE (Programa de Alimentación Escolar): en Tolima proyectamos un incremento del 7%, pero ahora debemos asumir un 24% para el pago de las manipuladoras de alimentos”, advirtió la gobernadora.

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Defensa de la autonomía y las rentas propias

La mandataria seccional argumentó que, de aplicarse el decreto, aumentarán los costos de la infraestructura pública y disminuirán drásticamente los recursos destinados a la inversión social. En este contexto, la excepción de inconstitucionalidad surge como la principal herramienta de defensa, permitiendo a las autoridades no aplicar una norma de rango legal cuando esta vulnera los principios de la Carta Política.

“Es una herramienta legítima para proteger las finanzas territoriales. Debemos recordar que el 47% de los ingresos tributarios de los departamentos proviene del impuesto a los licores. No podemos permitir este desequilibrio. Acudiremos a la justicia con la certeza de que los órganos competentes nos darán la razón”, concluyó Matiz.

En síntesis, la estrategia de los mandatarios regionales se centrará en tres pilares: tutelas para proteger derechos fundamentales, intervenciones ante la Corte y el uso activo de la excepción de inconstitucionalidad.

“Con información de la oficina de prensa de la Gobernación del Tolima