La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una multa de $487 millones a Buena Vibra Eventos E.U., empresa organizadora del Jamming Festival 2022, luego de la abrupta cancelación del evento afectando a miles de asistentes y pequeños emprendedores.

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El festival, que se realizaría en Ibagué entre el 19 y el 21 de marzo de 2022, prometía ser un gran evento con la participación de reconocidos artistas nacionales e internacionales. Sin embargo, la repentina cancelación, anunciada un día antes de su inicio, generó no solo indignación entre los asistentes sino también un grave perjuicio económico para los comerciantes que invirtieron en inscripción, insumos y hasta empleados, con la expectativa de generar ingresos durante los días del evento.

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La SIC y su sanción a Buena Vibra Eventos

La Superintendencia de Industria y Comercio determinó que Buena Vibra Eventos incumplió con la debida comunicación a los consumidores y omitió responder adecuadamente a los requerimientos de información. Como resultado, impuso la multa millonaria y ordenó la suspensión de cualquier promoción o venta de boletería para futuras ediciones del festival hasta que se garantice la reparación a los afectados.

Adicionalmente, el caso fue remitido a la Fiscalía General de la Nación para determinar si se configuraron delitos relacionados con el incumplimiento de contratos y afectaciones económicas a terceros.

Aún sin soluciones claras para los afectados

En su momento los asistentes pagaron boletas entre los 200 y los 600 mil pesos, dinero que no les ha sido reembolsado hasta la fecha, así mismo, la mayoría de los concejales de Ibagué intentaron bloquear un debate de control político convocado por el concejal Rubén Darío Correa, sobre la presunta responsabilidad de la Alcaldía en la estafa del Jamming Festival.

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El debate se dio finalmente el 29 de abril de 2022. Sin embargo, las conclusiones oficiales no fueron ampliamente difundidas, y no se estableció públicamente una responsabilidad directa de la Alcaldía de Ibagué en la cancelación del festival, por parte del Concejo Municipal.

Aunque la sanción impuesta es un paso hacia la rendición de cuentas, los pequeños emprendedores afectados aún no han recibido compensaciones por las pérdidas sufridas. Muchos de ellos han solicitado a las autoridades mecanismos de apoyo para mitigar el impacto financiero que enfrentan.

"No es solo la multa a los organizadores, necesitamos soluciones reales. Muchos pequeños negocios quedaron en la quiebra por esta cancelación y hasta el momento no hemos recibido ninguna compensación", manifestó Camila Rojas, una artesana afectada.

El caso del Jamming Festival deja en evidencia la necesidad de mayor regulación y garantías en la organización de eventos masivos para proteger no solo a los asistentes, sino también a los pequeños empresarios que dependen de estos espacios para su sustento.